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a jueza de Instrucción Nº 6 de Paraná, Marina Barbagelata, procesó a todos los imputados por el desvío millonario de pesos/dólares del Senado de Entre Ríos, entre 1995 y 1999. Entre ellos, el principal imputado es el exvicegobernador Héctor Alanis. La grilla comprende también a su sobrino Maximiliano; el exdirector administrativo, José Crettón Pereyra, y el ex vicepresidente primero del Senado, el exsenador provincial Humberto Ré (UCR-Diamante). El exlegislador Elcio Viollaz (UCR-Colón), quien nunca pudo declarar por un problema de salud, quedó fuera del procesamiento. Todo indica que el juicio oral y público se hará a fin de año o bien en 2014. Los abogados Julio Federik y Leopoldo Lambruschini, que defienden al exvicegobernador y a su sobrino Maximiliano, cumplía funciones administrativas, como así también el letrado Rubén Efraín Cabrera, quien asiste a Crettón Pereyra, habían solicitado el “sobreseimiento” de sus clientes. Pero la jueza rechazó cada uno de los planteos, al hacer lugar al dictamen del procurador general del Superior Tribunal de Justicia, Jorge García, y de la fiscal Laura Cattáneo, en el sentido de avanzar en la causa que se encontraba paralizada. El escrito del Procurador General, en el cual se basó la fiscal Laura Cattáneo al hacer la acusación, criticó duramente a la etapa de instrucción a cargo del entonces juez Héctor Toloy por su “ligereza y falta de rigor analítico” respecto de “un hecho institucional gravísimo”, como lo es que “un vicegobernador y altos funcionarios de uno de los máximos poderes del Estado provincial, el Senado, sustraigan fondos públicos mediante una cuenta fantasma”. García también le apuntó duramente al Tribunal de Cuentas, por mirar para otro lado ante la maniobra fraudulenta. “El yerro silogístico consistió en reemplazar la premisa mayor por una conclusión anticipada que es falsa: los acusados auditores dicen que controlaron, sin dar ninguna razón de ello. Ergo: si lo dicen ellos –premisa menor- no pudo existir peculado. Esto es una falacia; es decir, un argumento de apariencia pero falso, que sustituye el análisis riguroso de la prueba pericial, que desde la denuncia se agregara y que coincide con lo afirmado por los peritos oficiales Escales y sobre todo el contador Cozzi, por una afirmación absurda de los acusados, los sobreseídos Cristian Treppo (actual intendente de Seguí) y Pérez”, dijo García. Según el procurador, “aún cuando los acusados principales Alanis o Crettón Pereyra hubiesen hecho desaparecer todo atisbo de papel, es imposible que ante semejantes montos a auditar, como dice Cozzi, los funcionarios encargados del control in situ no recordasen nombres, cargos, ni guardasen siquiera papeles de trabajo, copias o anotaciones sobre los movimientos y transferencias hacia la irregular cuenta corriente, en el Programa 18. Como se verá, en el cruzamiento contable de los restos o huellas de los delitos cometidos, nunca los auditores (del Tribunal de Cuentas) hicieron un control debido, sino que se limitaron a esperar la mera rendición tardía, dibujada, que les remitieron los acusados”, acotó García. La denuncia por el mismo hecho ya se había presentado en 2000 por la desaparecida Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). Esa presentación inicial hablaba de un desvío de aproximadamente 6 millones de dólares, pero las que se fueron anexando pudieron establecer que éste habría consistido en más de 20 millones. No obstante, la investigación de marras aparece centrada en el desvío millonario que existió solamente en 1999, ya que lo sucedido en años anteriores estaría prescripto.