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orpresa en el Congreso: con Carlos Kunkel a la cabeza, el Frente para la Victoria presentó un proyecto para expropiar el 24% de las acciones de Papel Prensa, con el que, de convertirse en ley, el Estado se convertirá en el socio mayoritario de la empresa. El texto ingresó este jueves a la Cámara de Diputados, y es acompañado por los kirchneristas Diana Conti, Teresa García, Graciela Gianettasio, Gloria Bidegain, Luis Cigogna, Adriana Puiggrós, Andrea García y Dulce Granados, a quienes se sumó Gastón Harispe (Nuevo Encuentro). El proyecto declara de “utilidad pública” y “sujeto a expropiación” el 24% del patrimonio de Papel Prensa S.A., representado en las acciones de clase A y C. Además, aclara que la empresa continuará operando como sociedad anónima abierta. Actualmente, el Estado posee el 27,5% de las acciones de Papel Prensa, porcentaje que con la ley se incrementaría a 51,5%. El Grupo Clarín es dueño del 37%, mientras que La Nación es titular del 12%. “Resulta hartamente evidente que Papel Prensa S.A. se dedica a una actividad monopólica, como es la producción de un insumo de papel para diario. De allí que es el propio Estado quien debe asegurar que no existan actividades monopólicas, o regular las mismas, para que la distribución de papel sea equitativa para toda la gráfica de nuestro país”, argumenta el texto que reprodujo Semanario Parlamentario. En este sentido, insiste en que “este principio de control de los monopolios debe reforzarse aún más dentro de un contexto tan delicado como lo es el de la prensa” “Este proyecto busca evitar abusos de situaciones derivadas de dicha actividad monopólica, que ya se ha visto reflejada en reiteradas oportunidades, aprovechando Papel Prensa S.A. la posición dominante en el mercado a lo largo de muchos años”, reza en sus fundamentos. En las sesiones extraordinarias de fines de 2011, el Congreso sancionó una ley impulsada por el Poder Ejecutivo por la cual declaró de “interés público” la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y papel para diarios. La norma creaba también, en el ámbito del Parlamento, una Bicameral Permanente de Seguimiento del proceso, que hasta hoy no se constituyó.