L

a ley de reforma del Consejo de la Magistratura, el organismo que elige y promueve la sanción o acusación contra jueces, quedó promulgada este lunes. La nueva norma prevé la ampliación del número actual de 13 consejeros a 19 e incluye la elección a través del voto popular de 12 de ellos. Hasta ahora los elegían las propias corporaciones. Pero el Poder Ejecutivo dispuso que la votación de consejeros jueces, abogados y académicos o científicos se realice este año junto con las legislativas, el 27 de octubre, después de que sean elegidos los candidatos en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), el 11 de agosto. La mayoría de las presentaciones judiciales cuestiona, con distintas fórmulas: el mecanismo para que a los consejeros de la Magistratura los elijan los ciudadanos de a pie; la nueva integración del cuerpo, que aumenta el número de científicos y académicos de uno a seis, además de añadir un consejero abogado; la sustitución de la mayoría agravada (dos tercios) hasta ahora requerida para elegir jueces o mandarlos a juicio político por una mayoría de la mitad más uno de los presentes; el requisito de que para que una lista de candidatos a consejeros pueda adherir a la de legisladores nacionales, tiene que tener la misma denominación en al menos 18 de los 24 distritos. Tal como precisó Página 12, según el titular de la Asociación de Magistrados (Amfjn), Luis Cabral, la reforma es una “vía de politización partidaria” del Consejo, que “afecta el equilibrio” del cuerpo que prevé la Constitución Nacional y otorgará “predominio a una mayoría electoral circunstancial”. “Los que somos jueces no tenemos ninguna pretensión de gobernar. Pero tenemos una obligación de constitucionalidad sobre los actos de otros poderes del Estado”, señaló el juez, como quien advierte a sus colegas qué deberían hacer con los amparos. También dijo que en caso de que la jueza electoral les rechace la presentación, es factible que recurran a la Corte Suprema con un “per saltum”. La Amfjn abrió expedientes por dos vías. La entidad, como tal, se presentó en el juzgado de Servini de Cubría pidiendo que suspenda la aplicación de la ley del Consejo hasta que se resuelva el debate de fondo. Lo hizo con representación de abogados de dos orígenes políticos distintos: Alberto García Lema, del peronismo, y Enrique Paixao, de la UCR. Por otro carril, un grupo de camaristas de la Asociación (Lidia Soto, Mario Filozof, Diego Barroetaveña, Gustavo Valle, Fernando Ramírez y Héctor Guisado) pidieron, en su carácter de jueces, una acción declarativa de inconstitucionalidad en el fuero contencioso administrativo. En el fuero electoral se presentaron también dos listas del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, entre ellas la de su titular, Jorge Rizzo; el radicalismo; el Frente Amplio Progresista (FAP) –el socialista Hermes Binner, Margarita Stolbizer (GEN), Víctor De Gennaro (Unidad Popular), Humberto Tumini (Libres del Sur) y Luis Juez (Frente Cívico)–; los diputados Elisa Carrió (Coalición Cívica) y Pino Solanas (Proyecto Sur); la diputada Patricia Bullrich (Unión Por Todos); el diputado nacional Alberto Asseff (Frente Peronista) y el partido El Movimiento. Al fuero Contencioso Administrativo recurrieron también el Colegio de Rizzo, la Federación de Colegios de Abogados (FACA), la agrupación Será Justicia y abogados particulares. Los jueces que intervendrán en distintos casos son María Alejandra Biotti, Esteban Furnari, Enrique Lavié Pico, Pablo Cayssials y Liliana Heiland. El titular de la FACA, Ricardo de Felipe, planteó una demanda en San Nicolás. Pero desde esa entidad anunciaron que la intención es reproducir la apertura de causas y de pedidos de inconstitucionalidad en varias provincias. Lo que buscan las corporaciones de jueces y abogados al diversificar sus denuncias y argumentos es tener éxito aunque sea en el juzgado menos pensado. Mucho antes de que el Ejecutivo promoviera una ley que restringe el dictado de medidas las cautelares, la Corte advirtió que los jueces no deberían abusar de ellas ni usarlas para suspender íntegramente la aplicación de una ley. Eso equivaldría a legislar. Fue después de que jueces de Mendoza y Salta suspendieran la ley de medios con efectos generales. Según las objeciones que plantea la mayoría, la Constitución habla de que los consejeros son “representantes” de sus estamentos, por lo tanto los jueces deberían elegir a los jueces, los abogados a los abogados y los académicos a los académicos. Alegan, a su vez, que las mayorías requeridas para aprobar concursos y sanciones afectan la “independencia externa” del Poder Judicial y el estado constitucional de Derecho. Sostienen que al modificar el número de consejeros y las mayorías se afecta el equilibrio porque el oficialismo concentra cuanto menos poder de veto. Como próximos pasos, los jueces que han recibido amparos y presentaciones variopintas analizarán si tienen de competencia en el caso y si advierten alguna urgencia, tal vez alguno suspenda la ley. Lo que sea, terminará en la Corte Suprema. En el Gobierno anoche aguardaban cautelosos, y preferían no hacer pronósticos.