Jueves 04 de julio de 2013
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Política
Entre Ríos en el debate por estatizar el servicio de telefonía móvil
El ministro de Planificación, Julio De Vido, abrió el disparador el lunes. Indicó que las inversiones que no efectúe el sector privado, lo hará el Estado. En Paraná, Defensoría del Pueblo defendió declarar al servicio, como público.
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El ministro De Vido durante los anuncios para internet y telefonía celular.

A

nte las quejas de los usuarios por el deficiente servicio de telefonía celular y los problemas en el acceso a Internet, el Gobierno anunció la puesta en marcha de mayores controles, a través de un nuevo Reglamento de Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones. En este sentido, el ministro de Planificación, Julio De Vido aseguró este lunes que “lo que no haga el privado lo va a hacer el Estado, como pasó con Aguas Argentinas, el correo y el petróleo. Después está el marco legal que se le da a la cuestión, pero lo que está claro es que no vamos a resignar la calidad del servicio”. En este marco, se reabrió el debate por la estatización del servicio, que en el caso de la provincia, utilizan 8 de cada 10 hogares entrerrianos. En tanto que en Paraná, representan el 35% de las denuncias que se dan en Defensa del Consumidor. Mientras que datos del último censo nacional, indican que el 62% utiliza el teléfono fijo, pero un 84% tiene al móvil como principal medio para comunicarse con otros. Por su parte, Luis Garay, Defensor del Pueblo, dijo que en un plenario realizado en Santa Fe, se evaluaron los mecanismos para que el Congreso de la Nación declare al servicio de telefonía móvil como público. “Tiempo atrás asistimos a una nueva reunión en Villa María de la Región Centro y se resolvió pedir que directamente se trate el tema con la comisión pertinente en el Congreso para que se evalúen proyectos presentados y para que unifiquen criterios”, según precisó el UNO. Declarar como servicio público a la telefonía móvil trae como beneficio, según el Defensor del Pueblo, la posibilidad del control en los costos y la claridad de los mismos, entre otros aspectos. “El Estado tiene que intervenir y no alcanza con Defensa del Consumidor. Creemos que no hay que llegar a esa instancia. El Estado debe poder controlar a las empresas de telefonía móvil”. Sobre esta línea, indicó que de mantenerse la misma situación, siempre va a ser la competencia de tres empresas y si bien un usuario puede borrarse, cambiarse por otra y llevarse el número, son sólo paliativos, si no se conoce con certeza las características de cada una.
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