Viernes 05 de julio de 2013
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Política
A diferencia de Entre Ríos, Córdoba y Capital no adhieren al blanqueo
La provincia gobernada por Urribarri, junto a Chaco, ya se pronunció a favor.La ciudad y provincia comandadas por Macri y De la Sota respectivamente, no se alinearán a la medida del gobierno nacional. Se podrían sumar Corrientes y Santa Fe.
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Enemigos declarados de la Casa Rosada.

E

ntre Ríos y Chaco son dos de las provincias que ya dejaron trascender su adhesión al blanqueo de capitales impulsado por el gobierno nacional, en tanto que aunque todavía no lo hicieron explícitamente, se cree que todas las provincias alineadas con el kirchnerismo se sumarán a la iniciativa. Por el lado del gobierno Porteño, el ministro de Hacienda de la ciudad de Buenos Aires, Néstor Grindetti aseguró que "nosotros vamos a hacer lo mismo que en el otro blanqueo (por la amnistía de 2009 que implementó la administración Kirchner) lo que marca la ley". En tanto, indicó: "Es natural que no habiendo una extensión local de la ley de blanqueo alguien que tiene un ingreso extraordinario tenga que pagar impuestos por eso". En esa sintonía, en declaraciones radiales, el ministro de Finanzas cordobés, Ángel Elettore, sostuvo que si bien "hay aspectos que no están definidos ni reglamentados, el fisco provincial saldrá a buscar y a mirar lo que ocurra con los Cedin , como con cualquier otro contribuyente". Tal como se consignó en el diario La Nación, según se pudo saber, informalmente desde el Ministerio de Economía de Corrientes, una provincia de signo radical, también habrían dejado trascender que se sumarían a la ciudad de Buenos Aires y a Córdoba. Mientras que desde el Ministerio de Economía de Santa Fe, otra provincia no alineada con el gobierno nacional, afirmaron a este diario que todavía estaban "analizando la situación". Por su parte, Flavia Melzi, directora de la carrera de Contador Público en la Universidad Abierta Interamericana, coincide: "Las provincias no pierden la potestad tributaria por una ley federal, salvo que adhieran expresamente". Aunque la tributarista admite que en este caso "no caben dudas de que existe una puja política". En tal sentido, dice, es probable que la decisión de las provincias de fiscalizar a los que blanqueen, termine generando gran litigiosidad.
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