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on esta norma se apunta a la reincorporación de los agentes de la administración pública centralizada, entes descentralizados y autárquicos, empresas y demás organismos del Estado alcanzados por el decreto número 218/03. La iniciativa, de autoría del diputado Jorge Monge (UCR, Diamante), pretende “atender aquellos casos – no muy numerosos en la actualidad – de empleados del estado provincial que fueron segregados de la administración pública mediante el decreto 218/2003, ya que creemos de estricta justicia proceder a la cobertura de las vacantes que se produzcan con dicho personal”, dijo el legislador. Monge explicó que “en esta materia, debemos recordar que en el seno de Convención Constituyente de Entre Ríos de 2008, presentamos una iniciativa para establecer en el texto de la carta provincial, un artículo transitorio para disponer la reincorporación de todos aquellos empleados que habían sido cesanteados a través de medidas de carácter general o por supresión de establecimientos o dependencias”. El texto en cuestión, ingresado en la Convención el 6 de mayo de 2008 y plasmado en el expediente 1268 del registro de la Asamblea, incorporaba en la Constitución provincial como “disposición transitoria”, el siguiente artículo: “la provincia tiene el deber de reincorporar a aquellos empleados de cualquiera de sus organismos centralizados o descentralizados que hubieran sido cesanteados por disposiciones de carácter general o supresión de establecimientos o dependencias, y que cuenten con menos de 60 años a la fecha de entrar en vigencia el nuevo texto constitucional. La reincorporación será en las mismas condiciones y categorías que al momento del cese o afectación”. Además agregaba que esa disposición “es de aplicación aún en aquellos casos con afectación, sin llegar a producir la cesantía, o no obstante haberla producido, se hubiese dado una mutación o reingreso, en cualquiera de los casos, con degradación de la vinculación con la administración pública centralizada o descentralizada del afectado”. Monge destacó la aprobación de la propuesta constituiría “un tema de estricta justicia”, por lo que instó a sus pares a “sancionar la iniciativa”.