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l fiscal Wechsler pidió que se deje sin efecto el fallo de los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, quienes el 11 de julio pasado anularon el llamado a juicio oral efectuado por el juez Julián Ercolini para que Jaime y los dueños de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) fueran juzgados por el delito de dádivas-una forma leve de denominar las coimas. La Justicia comprobó que desde TBA le pagaban a Jaime viajes en taxis aéreos para que, mientras era secretario de Transporte del kirchnerismo, La empresa TBA estaba bajo el control de la secretaría de Transporte y era la que explotaba el ferrocarril Sarmiento donde el 22 de febrero de 2012 se produjo la Tragedia de Once. El caso llegó a Casación por una enorme cantidad de recursos planteados por parte de Jaime y por los empresarios, con la clara intención de hacer prescribir la causa. Uno de los planteos era que Ercolini no podía enjuiciar a Jaime porque-como casi todos los jueces federales de Capital- lo investiga en otro caso de corrupción. Hace casi un mes los jueces Borisnky y Hornos anularon la convocatoria a juicio realizada por Ercolini porque cuando hizo el llamado a juicio el expediente estaba elevado a la propia Cámara de Casación. Wechsler señaló: “Es que, a riesgo de ser reiterativos, insistimos en que el auto de citación de las partes a juicio fue dictado en el momento procesal oportuno por un juez que se encontraba legalmente facultado a tal efecto (obligado a proseguir con el trámite de la causa) y que, además, fue luego confirmado a cargo del juicio”. Es que los jueces de Casación confirmaron a Ercolini en un fallo y en el fallo siguiente declararon la nulidad del llamado a juicio oral y público. En Tribunales aseguran que la decisión de Hornos y Borinsky, a la que se opuso el tercer juez de la Sala IV de la Casación, Juan Carlos Geminiani, puede llegar hacer prescribir el caso debido a que el llamado a juicio interrumpe el paso del tiempo del expediente. El delito tiene un máximo de dos años de pena y si la nulidad queda firme, Jaime no irá a juicio. Wechsler señaló que lo firmado por Borisnky y Hornos “desatiende el compromiso del Estado de investigar y sancionar esta clase de hechos”. El fiscal habla de casos de corrupción como el investigado donde una empresa bajo el control del funcionario público le pagaba los viajes en taxis aéreos al secretario de Transporte. La Corte Suprema de Justicia tendrá la última palabra.