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aniel Cameron, secretario de Energía del kirchnerismo, integraba la comisión fiscalizadora que debía controlar cómo se llevaba adelante la explotación del yacimiento carbonífero de Río Turbio (YCRT) que fue privatizado a mediados de los 90. El empresario Sergio Taselli fue adjudicatario de esa concesión entre 1994 y 2002, luego ante el vaciamiento de la empresa, fue reestatizada. Los trabajadores de YCRT aseguran que a causa del desmanejo empresarial se produjeron las muertes de 14 mineros en el año 2004. La concesión debía ser fiscalizada por la comisión que integraba Cameron. El actual secretario de Energía había sido sobreseído por el juez Sergio Torres. El fiscal Federico Delgado apeló y la Cámara Federal revocó el sobreseimiento. Torres lo procesó en marzo pasado por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Pero hace tres semanas, con la firma de los camaristas Jorge Luis Ballestero y Eduardo Farah, Cameron fue sobreseído. A todo esto, Taselli, el empresario que manejaba la concesión, tiene un procesamiento confirmado y debería ir a juicio oral por el delito de administración infiel en perjuicio del Estado. Ante esa decisión el fiscal de la Cámara Federal, Germán Moldes, presentó un recurso de Casación para que se revise lo dicho por Ballestero y Farah y que Cameron junto a los otros integrantes de la comisión fiscalizadora sean procesados. El escrito de Moldes es durísimo para describir lo sucedido en YCRT: "Se ha comprobado la materialidad de una burda estafa hacia el patrimonio de Estado Nacional, mediante el vaciamiento de la firma a cargo de Taselli y frente a dicho curso causal ruinoso, los funcionarios de la Comisión Fiscalizadora que había sido creada con el objetivo de controlar el buen desarrollo de la explotación, nada hicieron desde 1996, convirtiéndose en cómplices de la maniobra". Uno de ellos es Cameron. "Resultaría irrazonable considerar que las irregularidades acaecidas durante la explotación privada del complejo carbonífero, ferroviario y portuario de Río Turbio necesariamente fueron producto de un actuar jurídicamente relevante de los agentes públicos que debían controlar el desarrollo de la concesión", habían dicho Farah y Ballestero cuando sobreseyeron a Cameron. Moldes criticó a los camaristas cuando dijo que "los jueces de la Sala I afirmaron con absoluta seguridad que los miembros de la Comisión Fiscalizadora nada tuvieron que ver con los hechos. Superado el shock, es preciso evaluar el por qué semejante error no puede subsistir". El fiscal de Cámara desgranó los motivos por los que considera que la Casación debe revisar el sobreseimiento de Cameron y procesarlo. Señaló que "la defraudación analizada e imputada a Taselli no constituyó en ningún modo un conjunto de complejas, sutiles y alambicadas maniobras financieras capaces de ocultar el avance del curso ruinoso al patrimonio de la empresa; la maniobra ilícita aparece burda y ramplona, y en consecuencia visible a los ojos de propios y extraños sin más requisito que el poner un poco de atención en el caso". Torres había procesado a Cameron porque no se había controlado que los millonarios subsidios aportados por el Estado fueran utilizados por Taselli para mejorar la explotación de YCRT. En su indagatoria ante el juez Torres Cameron había dicho que no contaba con los recursos necesarios para controlar la administración de YCRT. Moldes explicó que "los funcionarios de la Comisión Fiscalizadora estaban obligados a controlar directamente las cuestiones materiales (máquinas, edificios, mantenimiento, avances y estancamientos del proyecto) y formales (libros contables, balances y operaciones comerciales). Pero no hicieron nada, simplemente no actuaron". Para el fiscal "la actitud apática e indiferente hacia la defraudación que ocurría ante sus ojos, cumplía con los parámetros objetivos y subjetivos del delito de administración infiel en perjuicio de una administración pública en carácter de cómplices primarios". En la parte final de su escrito según consignó Infobae, el fiscal dijo que "está claro que los hechos de este proceso involucran a varios agentes públicos. Algunos de ellos son ampliamente conocidos por quienes diariamente trabajamos en esta justicia federal por su recurrente presencia en las carátulas. También resulta conocido que la esencia de hechos dolosos y cumplidos en connivencia con aquellos a quienes los funcionarios debían controlar, pretende ser enmascarada tras una supuesta e inocente distracción, o en una imposibilidad de cumplir obligaciones propias por falta de elementos de trabajo (aquí no puedo dejar de pensar en los que cumplen funciones públicas en hospitales, en centros de ayuda social u otras agencias de control con muchísimos menos enseres o presupuesto). Podríamos también nosotros creer y confiar en este enfoque que relativiza la entidad criminal de los hechos, pero siempre hay un límite entre la buena fe y la ingenuidad". Moldes pidió que la Casación "evite que verdaderos y escandalosos actos de corrupción como los aquí comprobados queden impunes".