E
l 17 de septiembre comenzará la parte acusadora a pedir las penas para el ex presidente Fernando de la Rúa y otros acusados de haber pagado sobornos a senadores justicialistas para garantizar la resistida ley de reforma laboral allá por el 2000, en pleno gobierno de La Alianza. El Tribunal Oral Federal 3 fijó para el ese día el inicio de los alegatos en el juicio que tiene en la mira además del ex presidente, al ex jefe de la SIDE Fernando de Santibañes, al ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, a los ex senadores Alberto Tell, Remo Constanzo, Ricardo Branda y al ex senador entrerriano Augusto Alasino, y al "arrepentido" Mario Pontaquarto. Será la Oficina Anticorrupción, querellante en el caso, la que comenzará, y luego le seguirá la fiscalía a cargo de Sabrina Namer, que prevé tomarse dos o más días para realizar su pedido de penas. Así lo notificó el Tribunal a las partes en una última audiencia que tuvo lugar esta semana. Luego de la querella y la fiscalía, las defensas tendrán su oportunidad de brindar su alegato, por lo que se prevé que serán varias semanas de esta etapa, antes que el Tribunal dé a conocer el veredicto tan esperado. El orden de los defensores comenzará por Pontaquarto, seguido por De la Rúa y luego los demás acusados. Antes de los alegatos, una semana antes, el Tribunal fijó una inspección ocular que realizará en el edificio de la SIDE, lugar en donde Pontaquarto aseguró que el 18 de abril de 2000 retiró unos 5 millones de pesos que serían utilizados para sobornar a los senadores del PJ. Según la versión de Pontaquarto que reiteró en el juicio, la orden la había dado el propio De la Rúa en una reunión previa que hubo en la Casa Rosada, y en donde el entonces presidente habría dicho: "Eso arréglenlo con De Santibañes", el entonces titular de la SIDE. Pontaquarto aseguró que ese 18 de abril primero concurrió al mediodía a la SIDE, donde acordó la maniobra con De Santibañes, y luego por la tarde donde Gladys Motta, secretaria de aquel, le hizo entrega de un maletín, una valija y una caja con todo el dinero del soborno. Ese mismo día también se fijó la declaración del último testigo de la larga lista que declaró en el juicio. Según consignó Infobae, en la última etapa del juicio, se acrecentaron los rumores sobre eventuales absoluciones que dictaría el Tribunal a favor de los acusados. En ese sentido, el fiscal que instruyó el caso, Federico Delgado, pidió el sobreseimiento de la mujer de Pontaquarto para que pueda declarar como testigo en el juicio, algo que le fue impedido por los magistrados, quienes consideraron que ella podría ser una eventual imputada. Incluso, algunas asociaciones vinculadas con la Justicia se hicieron eco de los rumores de absolución y a la par reclamaron un pronto veredicto.