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e la redacción de INFORME DIGITAL Por estos días, el gobierno nacional y el grupo Clarín mantienen una disputa por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que tiene como escenario a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La norma fue aprobada en 2009, pero una medida cautelar otorgada al grupo multimedio mencionado, dejó sin efecto dos de sus artículos, el 45 y el 161, que regulan las transferencias de licencias y los plazos de aplicación. Por esta razón, la aplicación plena de la ley quedó trunca y ahora el máximo Tribunal deberá pronunciarse respecto de la constitucionalidad de los artículos referenciados. Al respecto, Blanca Osuna se refirió al proceso judicial que se está llevando a cabo y recordó su rol como senadora nacional:"tuve una participación activa en el proceso de debate y sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Estimo que esta Audiencia pública convocada por la Corte Suprema, es el paso previo a la resolución definitiva del conflicto judicial con el grupo Clarín, que ha impedido hasta el momento la aplicación plena de la ley". Desde su cuenta de Facebook, la intendenta de Paraná expresó: "se intenta instalar un paradigma económico de la comunicación, que muy lejos de eso, es un derecho humano, un interés social y público. La defensa de la actividad empresaria no puede estar por encima de la libertad de expresión. Para empezar, porque la palabra no es una mercancía y por ende no puede estar ligada a las reglas del intercambio". Sobre esa línea, Blanca Osuna señaló que "corresponde al Estado velar y garantizar la pluralidad de voces. Eso es lo que molesta al grupo económico, la intervención del Estado en la regulación, habilitando la incorporación de sectores que durante mucho tiempo estuvieron excluidos. La lucha por el poder es también la lucha por la palabra, porque la raíz del poder está en la capacidad de denominar la realidad".