E
l juez federal Daniel Rafecas, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, pidió a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y a la Oficina Anticorrupción la totalidad de las declaraciones juradas de bienes presentadas por el general César Milani, según informó el Centro de Información Judicial.
De esa forma, Rafecas dio curso a una solicitud del fiscal Jorge Di Lello, que incluía además el rastreo en el sistema financiero de las cuentas y cajas de seguridad del jefe del Ejército y su familia. "Se trata del punto de partida de rigor en el marco de investigaciones penales por enriquecimiento ilícito, y una vez recibidas el magistrado evaluará la procedencia de las demás medidas oportunamente propuestas por la Fiscalía", indicó el CIJ.
La causa se inició a partir de una presentación de Elisa Carrió y Pino Solanas, pero el juez Rafecas decidió unificarlas con otras denuncias efectuadas por Graciela Ocaña, Manuel Garrido y Ricardo Monner Sans por los mismos hechos.
Las presentaciones surgieron luego de un informe en el programa de Jorge Lanata donde se reveló que el patrimonio de Milani creció de $ 1.494.610 en 2010 a $ 1.785.880 en 2011, con un sueldo de entre 14 y 15 mil pesos. Además, la denuncia detalla que Milani es dueño de una casa de 1150 metros cuadrados en La Horqueta, San Isidro, que declaró en 1,5 millones de pesos. Los denunciantes sostienen que en realidad vale más de medio millón de dólares.
Según La Nación, Milani declaró ante la Oficina Anticorrupción que utilizó el dinero proveniente de la venta de un departamento en Moldes 2376 para adquirir la casa de La Horqueta, pero el dictamen del fiscal señala que la operación del departamento de Belgrano se registró después que la compra en San Isidro.
Además de acumular las denuncias, Rafecas le dio trámite a un planteo de nulidad presentado por la defensa de Milani, relacionada con otra imputación que se le formulara por una presunta planificación de utilizar el aparato de inteligencia del Ejército para fines ajenos a lo que dispone la legislación vigente.
