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n fiscal uruguayo intentará investigar si existe una cláusula secreta y confidencial en un Contrato de Inversión entre Uruguay y UPM (ex Botnia), que hasta ahora había sido ocultado por el gobierno que preside José Mujica, lo que justificaría que su administración haya decidido de antemano autorizar una ampliación en los volúmenes de producción de la pastera. El pedido del fiscal letrado nacional de tercer turno, Enrique Viana, en exclusiva, fue aceptado por la justicia oriental que, en los próximos días, deberá dar curso a las intimaciones dirigidas hacia la empresa y hacia el gobierno para que revelen si existe un convenio que sería "ilícito", según la Constitución de ese país. Según publicó Tiempo Argentino, la presentación bajo la forma de una "medida preparatoria" data del 23 de septiembre y fue aceptada de manera favorable, en las últimas horas, por el juzgado letrado en lo civil de octavo turno a cargo de Ana de Salterain. Ahora deberá exigir tanto a UPM-Botnia como al gobierno de Mujica, que informen si existe un "Convenio de Inversión", paso previo a declarar su nulidad ya que, de existir, sería contrario a la ley. Al respecto, Enrique Viana aseguró: "desde 2004, cuando Botnia anunciaba su intención de instalarse en el territorio nacional y hasta el presente, nunca se había indicado a la ciudadanía de la existencia de un Contrato de Inversión entre la Corporación Nacional Privada y el Estado Nacional. Tal circunstancia ha permanecido en la opacidad". El fiscal uruguayo se basó en información pública sobre la "renegociación" de ese contrato con la empresa que fue comunicada por el propio gobierno uruguayo, apenas comenzó a circular la versión de que accedería al incremento de la producción solicitado por la firma. "Se desconoce cuál es el contenido cierto estipulado en ese Contrato de Inversión con UPM o BOTNIA, cuándo fue acordado y por quiénes fue suscripto en representación del Estado uruguayo. Con las implicancias que tiene todo Contrato de Inversión, se hace imprescindible conocer el mismo en todo su tenor. Sabido es que los Contratos de Inversión entrañan serios condicionamientos a la voluntad de los Poderes del Estado, aboliendo la Soberanía de una Nación y su mismísima cualidad de República", afirmó el fiscal que citó como antecedente la existencia de un contrato confidencial con el emprendimiento pastero Montes del Plata, que no había pasado por el Parlamento y le era retaceado hasta a la propia justicia. Regreso al feudalismo Casi sin en soledad, Viana ha realizado presentaciones para investigar a UPM desde el 2005 por cuestiones ambientales y tiene varios planteos en Casación ante la negativa de encabezar una pesquisa contra la firma. En Uruguay no existe una sola condena firme por contaminación y la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) ni siquiera contestó los requerimientos fiscales. "Es un regreso al feudalismo", aseguró el fiscal uruguayo en lo que sería una "cláusula de congelamiento del derecho" que, hoy por hoy, impide legislar contra los intereses de este tipo de emprendimientos en territorio oriental. Y continuó: "un contrato de estas características condiciona al Estado uruguayo que no le puede negar a la empresa estos aumentos de producción. De no cumplir con esto, si se pusiera firme, Uruguay sería demandando por una compensación, por no permitirle desarrollar su proyecto, ante el CIADI".