E

l gobierno de la provincia de Entre Ríos emitió un comunicado y solicitó al gobierno de la República Oriental del Uruguay que “haga un esfuerzo para retrotraer la situación a la vigente antes de su reciente autorización unilateral a UPM a aumentar la producción”. La provincia consideró que “esto daría una oportunidad a la diplomacia a hacer su trabajo para conciliar posiciones evitando el doloroso desgaste de nuestra entrañable relación bicentenaria”. En el comunicado, el Ejecutivo de Entre Ríos recordó que el límite de un millón de toneladas anuales de pasta fue fijado inicialmente en 2005 por el propio gobierno del Uruguay y que el mismo fue ratificado en 2010 por la Corte Internacional de Justicia y quedó bajo el control y la vigilancia continua de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). También señaló que la información y documentación recibidas “eran incompletas” y denunció que “cuatro veces solicitó información complementaria, que Uruguay no suministró”. Advirtió que “el incremento permitido por Uruguay en verdad reconoce niveles de producción ya alcanzados, por encima del tope legal” y que la planta de UPM “se excedió en 50.597 toneladas en 2009; 97.407 en 2010; 96.880 en 2011; 88.124 en 2012 y 74.410 toneladas hasta septiembre de 2013, introduciendo en el río mayor cantidad de sustancias, energía y contaminación, en desacato a todas las normas, incluyendo los Acuerdos Presidenciales y de Cancilleres de 2010 para la ejecución de la sentencia de La Haya”. La provincia recordó que “desde 2010, el Comité Científico ingresó 28 veces a la planta para realizar mediciones y tomar de muestras de efluentes, instaló siete boyas con sondas de medición en la zona de potencial influencia de la planta sobre el Río Uruguay y tomó muestras de las aguas en 32 puntos del río”. Señaló que “las únicas mediciones válidas de acuerdo con la sentencia de La Haya son las que se realizan dentro de la planta, en el caño de desagüe, y no las que puedan realizarse en cualquier lugar del río, como intenta presentar el gobierno uruguayo”. Para finalizar señaló que “a lo largo de un año, la carga orgánica vertida por la planta equivale a la demanda química de oxígeno de una ciudad de 96.500 habitantes que volcara sus efluentes crudos al río; a la cantidad de fósforo de una ciudad de 25.000 habitantes y a la de nitrógeno de una ciudad de 28.000 habitantes que descargara sus efluentes sin tratamiento. Uruguay no cuestiona esas cifras, pero se queja de la alarma que producen”. Para finalizar el gobierno entrerriano llamó “a todos los actores de la sociedad civil involucrados una actitud constructiva al respecto, ayudando a que este nuevo conflicto se mantenga dentro de las proporciones que la diplomacia pueda manejar”.