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ara las elecciones generales del 27 de octubre, la Justicia Nacional Electoral autorizó (en los términos de la Acordada 128/11 de la Cámara Nacional Electoral) la participación de diez organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil para realizar tareas de “acompañamiento cívico” en varios distritos del país. Las actividades de monitoreo electoral deben ser imparciales, objetivas y neutrales, sin obstruir ni obstaculizar en modo alguno el desarrollo del acto comicial, y sus conclusiones deberán luego conformar un informe que se entregará a la Justicia Nacional Electoral. Las entidades de la sociedad civil que han obtenido la autorización son Acción Solidaria Juvenil, el Observatorio de Estudios Electorales y Políticos Institucionales de la Universidad Nacional de la Plata, Poder Ciudadano, CIPPEC, Asociación Civil Estudios Populares (ACEP), Observatorio Internacional de Prisiones de Argentina (OIP), la Asociación de Médicos de la República Argentina –Seccional Formosa (AMRA), Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Fundación Nueva Generación Argentina, Centro de Estudios Federales Universidad Nacional de San Martín (CEFE). Según consignó el Centro de Información Judicial, el monitoreo previsto por esas organizaciones alcanza a una decena de provincias -entre ellas Entre Ríos- o distritos electorales, y comprende observación y relevamiento tanto en escuelas y establecimientos de votación, como en unidades de detención en las cuáles existen mesas habilitadas para el voto de los electores privados de libertad.