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a empresa de medios cuestionó tanto a la ley como al fallo "al desconocer licencias vigentes con varios años por delante". Por eso, Clarín sostuvo que se "violentan abiertamente los derechos adquiridos, como también lo reconocieron tres miembros de la Corte". Se refirió a los magistrados Carlos Fayt, Carlos Maqueda y Carmen Argibay. El comunicado de la empresa, que no está firmado por ninguna autoridad, comenzó así: "El Grupo Clarín ratifica, como lo ha hecho en cada instancia judicial, que se encuentra a derecho y que respeta las decisiones judiciales. También, que analiza las futuras derivaciones judiciales del caso, incluyendo la apelación ante tribunales internacionales". Y añadió: "El Grupo considera que los artículos cuestionados [41, 45, 48 y 161] -como sostienen los tres votos en disidencia- contradicen no sólo principios de la Constitución Argentina sino de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), así como recientes precedentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA". El comunicado continuó: "Tanto la ley como el fallo, al desconocer licencias vigentes con varios años por delante, violentan abiertamente los derechos adquiridos, como también lo reconocieron tres miembros de la Corte. Y al silenciar, sin justificación técnica ni competitiva alguna, medios que hoy ejercen periodismo crítico, configuran una clara afectación a la libertad de expresión. Además, impedir el funcionamiento, como hace la ley, de medios que no usan espectro radioeléctrico equivale a prohibir un diario o un sitio de Internet, lo que implica censura previa para la Constitución y los tratados internacionales". En su defensa, la firma denunció una intención del Gobierno: "La prueba más concreta de la verdadera intención del gobierno con esta ley ha sido la enorme colonización oficial de medios producida desde su sanción. Hoy, más del 80% de los medios audiovisuales responden directa o indirectamente al oficialismo. La ley busca medios que no sean autosustentables, sino que dependan de la publicidad oficial o de negocios vinculados con el Estado". Y agregó: "En cumplimiento del fallo -que cuestionó tanto la implementación de la ley como la actuación de la autoridad de aplicación-, el Grupo Clarín exigirá, en las instancias correspondientes y previo a cualquier otra medida, que las mismas se adecuen a los principios constitucionales de imparcialidad, independencia y solvencia técnica, señalados por la Corte. Además, y también de acuerdo a lo expresado en la sentencia, el Grupo Clarín continuará defendiendo judicialmente cada una de sus licencias vigentes y legítimamente adquiridas". Por último, el Grupo Clarín advirtió sobre el riesgo que corre la libertad de expresión en el país. "Lamenta el contenido de un fallo que no considera el valor de la independencia periodística como presupuesto para la libertad de expresión. Y de ese modo, condiciona seriamente la posibilidad real de ejercer la crítica al poder político, supuesto indispensable de la democracia". Carrió pedirá el juicio político contra el presidente de la Corte La reelecta diputada Elisa Carrió pedirá el juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, por el fallo del alto Tribunal que decretó la constitucionalidad de todos los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Cuarenta y ocho horas después de haber sacado el 32,5% de los votos en la Ciudad de Buenos Aires para seguir en la Cámara Baja, la dirigente de UNEN, fiel a los métodos con los que construyó toda su carrera política, volvió a denunciar un supuesto acuerdo secreto. "Hoy es el día del cumplimiento del pacto entre Lorenzetti, Cristina (Fernández) y (Carlos) Zannini, (secretario Legal y Técnico de la Nación)", disparó. "Yo dije que cuando se llevó a cabo la reforma judicial había un pacto entre Lorenzetti y Zannini. Y que se iba a cumplir. Luego pareció que no", tiró la diputada en una entrevista realizada por Radio Mitre, del Grupo Clarín. "Carlos Kunkel, (diputado del (Frente para la Victoria), presentó un proyecto para sacarle beneficios a Lorenzetti", advirtió, refiriéndose a la iniciativa presentada en su momento por el legislador que proponía que los recursos con los que se financia el Poder Judicial fueran administrados por el Consejo de la Magistratura y no por la Corte, algo que en rigor cumpliría con el artículo 114 de la Constitución Nacional. La diputada adelantó que presentará un pedido de juicio político contra el presidente de la Corte y que hará público un informe sobre "irregularidades y complicidades en el manejo de los fondos del Poder Judicial". Ese documento sería la base de su juicio político, para el cual necesitaría del respaldo de dos tercios de ambas Cámaras del Parlamento, en las que UNEN acaba de incorporar seis legisladores en total, cinco en Diputados, donde hay 254 escaños; y uno en el Senado, donde hay 72. "Cuando Lorenzetti dijo que era armonizador del poder me di cuenta que esto se vería reflejado en el fallo de hoy", señaló "Lilita" y definió al juez como "una especie de conciliador político". Luego, aprovechó para dirigir sus dardos hacia el resto de la oposición: "Dejen de hablar de 2015 y empiecen a defender a la Nación ahora, que fueron elegidos diputados". El resto de los referentes del frente UNEN tuvieron posiciones diferentes. El flamante senador Fernando "Pino" Solanas se alineó detrás de la postura de Carrió, mientras la actual diputada Victoria Donda celebró el fallo y reclamó una legislación sobre "la publicidad oficial". «