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��Todo se trata de una operación armada”, sostuvo el abogado Gabriel Presa, que representa al ex titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado (Side) Fernando De Santibañes. Así se refirió a la supuesta confesión del arrepentido Mario Pontaquarto, que dijo que entregó plata de ese organismo para pagar coimas a senadores justicialistas para la aprobación de la Reforma Laboral en 2000. En esa línea, se refirió a un sumario interno hecho en el segundo semestre de 2003, en el marco del cual se hicieron escuchas telefónicas a ciudadanos que violaron la Ley de Inteligencia Nº 25.520 y “se preparó el terreno” para la declaración del ex secretario parlamentario. "El sumario de la Side fue de una ilegalidad notoria y (Sergio) Acevedo se hizo el distraído, se hizo una investigación previa y paralela a la del Poder Judicial, se preparó el terreno para la confesión en la causa penal", advirtió Diego Pirota, otro de los abogados de De Santibañes. Ante el Tribunal Oral Federal Nº 3, también aludió a escuchas telefónicas ordenadas en ese sumario sin intervención judicial sobre líneas de Canteras Brandsen, una empresa que se vinculaba a la Side. "Hubo diligencias a espaldas de la Justicia, prohibidas por la Ley de Inteligencia, se ordenaron intervenciones ilegales un mes antes de que Pontaquarto aparezca en tribunales", advirtió, en referencia a la confesión del arrepentido en diciembre de 2003. La audiencia de este jueves fue la primera correspondiente a los alegatos de la defensa del ex funcionario. Además de Pontaquarto y De Santibañes, están imputados el ex presidente Fernando De la Rúa; el ex ministro de Trabajo, Alberto Flamarique; y cuatro ex senadores justicialistas: Alberto Tell, Remo Costanzo, Ricardo Branda y Augusto Alasino, acusados de haber recibido los sobornos, publicó Infojus Noticias. La defensa del ex SIDE también subrayó la responsabilidad de la prensa y cómo a través de operaciones políticas y mediáticas se instaló el tema en la sociedad. “Fue una Instrucción paralela”, dijeron. Uno de los ejes fue acusar a Pontaquarto: “Puede mentir y decir lo que quiera que sabe que nada malo puede pasarle. Puede seguir manchando el buen nombre de personas inocentes”. Entre los operadores políticos mencionaron a Alberto Fernández y Daniel Bravo, quien habría hecho entrar a Pontaquarto a la política del club River Plate. El abogado Pirota acusó al juez federal de Instrucción Daniel Rafecas de ser parte interesada de la causa: “Charlaba con Pontaquarto cuando iban los testigos a declarar”. También repartió críticas para otras partes acusatorias: “Tenemos un Ministerio Público que parece ser Defensa, casi con mayor eficiencia que la propia defensa de Mario Pontaquarto”. Los abogados de De Santibañes se quejaron por la inacción de la Fiscalía, a cargo de Sabrina Namer, por no denunciar en profundidad lo que ellos consideran como irregularidades en el expediente. La defensa de De la Rúa cerró este miércoles su alegato y pidió la absolución de su defendido y que la Oficina Anticorrupción pagara las costas del juicio. Como contraparte, los abogados de Pontaquarto habían pedido la absolución de su defendido. “Si no hay condena en este juicio, será una injusticia absoluta. Se terminaría con una posibilidad histórica que tuvo la Justicia argentina: tener a alguien que confesó bancándose lo que venga”, agregó. Durante el juicio, la fiscal –al igual que la Oficina Anticorrupción- pidió que De La Rúa y Santibañes sean condenados a seis años de prisión y seis años de inhabilitación para ejercer como funcionarios públicos. Namer dijo que en su investigación se acreditó que el ex presidente dio la orden de pagar sobornos y que "descartaría de plano" que no supiera de las coimas. "El pago no podría haberse hecho sin la orden de De la Rúa", explicó. Namer pidió la absolución de Branda y de Flamarique. Para los ex senadores del PJ Tell, Costanzo y Alasino la fiscalía pidió también seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Para el “arrepentido” Pontaquarto, en cambio, reclamó tres años de prisión en suspenso.