Sábado 02 de noviembre de 2013
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Departamentales
Gualeguaychú: impulsan embargos a asambleístas
La justicia federal de Concepción del Uruguay resolvió un embargo preventivo de $20 mil contra dos ambientalistas. Es en una causa donde se los acusa de presunta culpabilidad por la muerte de un motociclista durante un corte en 2009.
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(Imagen de archivo).
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a Justicia Federal de Concepción del Uruguay dispuso un embargo preventivo de 20 mil pesos contra los asambleístas de Gualeguaychú, Miguel Pérez y Miguel González, ante la presunción de responsabilidad por la muerte del motociclista Walter Maulucci, ocurrido en la madrugada del 26 de abril de 2009. En esta causa ya fueron sobreseídos los asambleístas María Alicia Rivero y Enrique Reichel. Por otro lado, los abogados de la Asamblea Ciudadana Ambiental presentaron un escrito pidiendo que ese mismo Juzgado Federal articule diversos oficios en la causa caratulada “Ley 24.051 sobre residuos peligrosos”. Requirieron que se convoque a indagatoria al gerente de Botnia-UPM, Jako Sarantola, y al gerente de Ambiente de la planta Gervasio González. El Juez Federal, Pablo Andrés Seró había embargado primero a los asambleístas por 500 mil pesos, pero luego la Cámara Federal de Paraná le ordenó que dispusiera una cifra que no sea desmesurada y por eso dictó el 21 de octubre la resolución de un embargo de 20 mil pesos ante la presunta culpabilidad. Pedido por contaminación Por otro lado, en la causa número 56.204, caratulada “Ley 24.051 sobre residuos peligrosos”, los abogados de la Asamblea Ciudadana presentaron el 29 de octubre un escrito pidiendo que ese mismo Juzgado Federal articule diversos oficios. Entre esos pedidos, se encuentra la solicitud de que se curse el oficio hacia la Unidad Médica de Emergencias y Traslado (UMET) de Fray Bentos para que informe sobre los episodios de contaminación constatados el 17 de septiembre en horas de la mañana en la zona del puente internacional “General San Martín”. Del mismo modo se pidió que se curse un oficio para el médico fraybentino Jean Jaurez Díaz (de la Umet), que fue el profesional que certificó las consecuencias negativas hacia la salud de varios trabajadores en ese enlace vial. En ese marco, también se pidió que cite a Hugo Claria, Elena Marchioli y a Pedro Alippi, que fueron los trabajadores afectados por los gases de la pastera UPM Botnia. Los abogados de la Asamblea también le pidieron al juez Seró que convoque a los funcionarios de la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru) para que brinden testimonio sobre esos episodios de contaminación. Y también requirieron que se convoque a indagatoria al gerente de UPM Jaakko Sarantola y al gerente de Ambiente de la planta Gervasio González; atento a los elementos nuevos que fueron reconocidos por el gobierno nacional y que dan cuenta del carácter nocivo y contaminante de la pastera.
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