L

a querella de los cinco policías que fueron agredidos y lesionados durante una protesta en Casa de Gobierno, el 18 de abril de 2012; la defensa de los ruralistas, imputados por ese hecho; el Ministerio Público Fiscal y el Estado provincial, se acogerán a los lineamientos de una mediación penal. A través de este instrumento los imputados reconocerán los ilícitos endilgados, “tanto a los policías como al Estado provincial”, informó el querellante particular, Marcos Rodríguez Allende. Los productores no solamente se harían cargo de sus actos, sino que -según los dichos del abogado- además aceptarían “resarcir a los agentes que fueron víctimas y de reparar el daño ocasionado en Casa de Gobierno. Esta nueva instancia estipulada dentro de la reforma del Código Procesal Penal, ya se está aplicando en toda la provincia de Entre Ríos, salvo en Paraná, donde comenzaría a ponerse en práctica a fin de mes. Así se acordó entre todas las partes involucradas, con el objetivo “de poner fin al conflicto”, señaló el profesional. Al tiempo que se desarrollaba la investigación, la recolección de pruebas y testimonios, la querella había solicitado la participación de la Fiscalía de Estado para representar al Estado provincial. Se valoró este requerimiento como una forma de darle transparencia a la causa. Esta herramienta contempla condiciones que deben ser cumplidas por los actores involucrados. Una de ellas es el reconocimiento por parte de los productores agropecuarios de las decisiones tomadas, así como también su responsabilidad en los hechos y los daños ocasionados. Al margen de ello, para Rodríguez Allende también cabría la posibilidad “de una pena económica”. De acuerdo a su análisis, la puesta en práctica de esta medida “es una innovación en el Derecho Procesal Penal. Con esto queremos ponerle fin al conflicto, dar la situación por terminada que generó un perjuicio al Estado provincial y a la institución policial”. La mediación se va a transcribir a través de un acta, que llevará la firma de todos los actores involucrados, cuyo trámite se dará en el transcurso de esta semana. Como resultado de esta gestión quedará sin efecto de que el senador electo Alfredo De Ángeli sea citado a prestar declaración indagatoria. “Con el reconocimiento de los trabajadores ruralistas, más el pedido de disculpa y perdón que merece, tanto las víctimas como el Estado, se logrará la solución al conflicto”, planteó el abogado. La protesta de la Mesa de Enlace entrerriana expresó su malestar contra la suba del Impuesto del Inmobiliario Rural, pero el reclamo derivó en serios incidentes. El oficial principal Walter Gadea y el director de Operaciones y Seguridad de la Policía provincial, Sergio Ruffiner fueron los efectivos que se llevaron la peor parte en el ataque, publicó UNO.