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a reunión será este miércoles a las 12:00, en la sala de comisiones de la Cámara de Diputados. En la oportunidad los legisladores que integran la Comisión Bicameral de Derechos Humanos recibirán a autoridades del Consejo General de Educación (CGE) con el fin de abordar la problemática vinculada al bulling (acoso) escolar.
El titualar de la bicameral, el diputado Martín Uranga adelantó que “vamos a intentar coordinar alguna iniciativa legislativa que pueda servir a esta problemática en general”, comentó el legislador a APF.
Legislación nacional
En septiembre la Cámara de Diputados de la Nación transformó en ley una iniciativa que se denomina “Promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad en las instituciones educativas”. Se trata de una norma que busca prevenir las situaciones de violencia escolar a través de la promoción de instancias de participación de la comunidad educativa.
La legislación no habla de "bullying", término inglés utilizado para definir el acoso escolar, porque "es una definición que connota un esquema mental individualista, donde hay agresores o víctimas, es decir, los problemas lo portan sólo las personas", explicó la diputada Mara Brawer (FpV), autora del proyecto.
La norma pone el acento "en el contexto en que se dan las interacciones, porque la violencia se da en las relaciones, en un contexto determinado, por eso la llamamos de promoción de la convivencia y abordaje de la conflictividad", añadió.
“Cuando se generan situaciones de violencia en una escuela, los conflictos no son únicamente de un alumno -al que se lo suele catalogar como el ‘chico-problema’-, ni responsabilidad de un solo docente, sino de todos los miembros que integran esa comunidad educativa”, aseguró la diputada, quien consideró que “en casos de violencia escolar, lo inadmisible es el silencio pedagógico”.
La flamante normativa establece que se creen distintas instancias de diálogo escolar, sanciones pedagógicas y formativas, acuerdos de convivencia colectivos, una guía de actuación ante episodios violentos y un teléfono para recibir reclamos ante estas situaciones.
La diputada Brawer, psicóloga y especialista en mediación, señaló que, según distintas investigaciones, los episodios violentos "disminuyen hasta en un 70 por ciento si la escuela tiene políticas de convivencia".
Ante esta realidad, la ley contempla que se creen "instancias de participación donde docentes, padres y alumnos puedan prevenir y solucionar situaciones violentas".
Las escuelas "tienen que generar espacios para que los chicos puedan hablar con adultos preocupados", por lo que la normativa prevé que se establezcan normas de convivencia que "se construyan colectivamente", aclaró la especialista.
Asimismo, la legislación habla de sanciones, las cuales deben ser "educativas, porque si hay una transgresión, el alumno debe entender la consecuencia de sus actos, pero jamás debe quedar afuera del sistema educativo", resaltó la diputada.
Otro aspecto incluido en la legislación "es la importancia de contextualizar las sanciones, y para eso hay que escuchar al chico, porque ponerle 20 amonestaciones y expulsarlo, no es educar. Las medidas deben incluir políticas de convivencia también", indicó Apf.
La ley prevé también la elaboración de una guía para docentes que fije pautas de prevención e intervención antes casos de violencia escolar.
Además, la norma contempla la puesta en funcionamiento de una línea telefónica nacional "pensada para que, quienes no se animan a hablar o no se sienten escuchados en la escuela, puedan hacerlo a través de este medio", comentó la Diputada a Télam.
La idea "es que sea nacional y que el Ministerio de Educación derive los casos a las provincias de donde se recibe la inquietud para que se genere un alerta temprano y se intervenga a tiempo", agregó.
"Con esta sanción, se le dio fuerza de ley a la orientación de las políticas públicas que viene desarrollando el Ministerio de Educación de la Nación, como así también a los acuerdos del Consejo Federal de Educación porque esta norma impulsa el fortalecimiento de las instituciones educativas, docentes y equipos especializados para su intervención ante situaciones de violencia", destacó la autora del proyecto.
