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os primeros días de octubre el gobernador Sergio Urribarri y el canciller, Héctor Timerman, mediante la lectura de informes confirmaron que la planta de Botnia-UPM contamina. Sin embargo, hasta el momento no se habrían aportado las pruebas ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Concepción del Uruguay. En ese sentido, el abogado de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú y ex candidato a diputado por UpER, Luis Leissa aseguró que el gobierno “debe presentar las pruebas, porque no debería permanecer ajeno a un tema donde está involucrada la salud de la población”. Al respecto, precisó que “acá hay ausencia de voluntad de asumir un compromiso concreto, en un tema que afecta nuestra soberanía ambiental y el aprovechamiento de nuestros recursos y frente al cual el gobierno se somete a dictados económicos erigiéndose más en defensor de una inversión extranjera que en garante de la salud de la población. Aquí se cae el discurso del kirchnerismo de defensa de la independencia nacional, porque vemos como un gobierno y los de la Cámpora que se dicen progresistas, se resignan frente a una fuerza económica y se someten a Botnia”, expresó el dirigente en declaraciones a AIM. “El monitoreo que dio a conocer el gobierno dice Botnia contamina y el gobernador decía que iba a ser inflexible con el tema, por lo que desde la Asamblea se reclamó que las pruebas se incorporen para avanzar en la investigación, ya que el delito que se investiga es el que está previsto en la Ley 24.051 que prohíbe arrojar residuos peligrosos”, detalló Leissa quien remarcó que hubo un doble discurso durante la campaña y luego de los elecciones. Por otro lado, el abogado comentó que cada vez que se hace una inspección, el Estado debe avisar con anticipación “lo que le da margen a la empresa de hacer cambios de regímenes de producción y oculta pruebas o disimula la contaminación que genera”.