E

l juez federal argentino Sebastián Casanello, pidió a los Estados Unidos la cuenta donde fueron a parar los fondos que tenía el ex presidente Carlos Menem en una cuenta de la Unión de Bancos Suizos (UBS) en Ginebra. Se trata de la cuenta de la sociedad Pharos Intenational LTD en el banco HSBC Republic de Miami, a la que Menem ordenó transferir el millón de dólares que tenía en Suiza, según lo comunicado en octubre pasado por la justicia helvética al juez Casanello, para que pudiera continuar el seguimiento de la ruta del dinero que ahora se concreta. Vía Mitra Sohrab, una colega del abogado de Menem en Ginebra, Pascal Maurer, se interpuso un recurso oponiéndose al envió de la información antes consignada, pero el Tribunal Penal Federal con sede en Bellinzona, equivalente a la Cámara Nacional de Casación Penal de la Argentina, rechazó el recurso el 18 de julio de 2013, autorizando la trasmisión de los datos bancarios, abriendo la pista estadounidense en Miami, Florida, donde la hija y un sobrino de Menem tienen sociedades. Ginebra respondió positivamente al exhorto argentino, basado sobre el delito de "defraudación en perjuicio de una administración pública", una infracción presente en el Código penal helvético, a diferencia de la evasión fiscal, que es un delito en Argentina pero no en Suiza, donde se lo caratula una falta administrativa redimible por multa, razón por la cual Ginebra había negado con anterioridad remitir la cuenta de Menem por eludir al fisco, al no estar, en consecuencia, reunidas las condiciones de la doble incriminación, es decir que el delito sea reconocido penalmente por los dos países. En el expediente argentino Menem es acusado de haber emitido un decreto presidencial, mediante el cual avaló la firma de un contrato desfavorable para el Estado con la filial argentina de la empresa francesa Thales, por la concesión del espacio radioeléctrico nacional, según publicó Tribuna de Periodistas. La Oficina Anticorrupción elevó a tribunales la sospecha que el ex presidente "hubiera resultado beneficiado económicamente por las decisiones adoptadas en favor de la entonces empresa adjudicataria", desencadenando el exhorto a Suiza. Varios funcionarios públicos de la administración Menem y directivos del grupo francés involucrado fueron inculpados en las diligencias penales argentinas, entre ellos el intermediario (lobista) Jorge Neuss. También el abogado Alberto Gabrielli, que otorgó la concesión del espectro celeste a Thales, encaramado en la Comisión Nacional de Comunicaciones argentina, que fraguó la irregular licitación. Pues Thales (anteriormente denominada Thomson CSF) ganó, al fin del mandato de Menem en 1997, una licitación inusual y sin competidores, que convirtió a Argentina en el único país del mundo en ceder el control de su espacio radioeléctrico a una sociedad privada de origen extranjero. Otro procedimiento penal contra el grupo Thales relativo a estas operaciones es instruido desde mayo de 2006 en Francia por los jueces Renaud van Ruymbeke y Xavière Siméoni. El contrato de este escándalo fue anulado en el 2004 por el hoy difunto presidente Néstor Kirchner. En 2008, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), institución del Banco Mundial encargada de controversias entre inversores foráneos y Estados, desestimó una demanda de indemnización de Thales contra Argentina debida a esta disputa por 600 millones de dólares. Tras la comunicación a la Argentina en 2009 y 2010 de los extractos de las cuentas suizas de Jorge Neuss, y la de Alberto Gabrielli, los imputados consiguieron el archivo de las actuaciones por dictamen de la Cámara Nacional de Casación Penal, pero la Oficina Anticorrupción apeló la medida ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), donde el caso está pendiente de resolución.