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l fiscal federal Gerardo Pollicita abrió una investigación para determinar si desde el Gobierno se destinó menos dinero para la construcción de viviendas públicas a las provincias gobernadas por opositores como posible castigo político. Desde Tribunales se informó hoy que la denuncia penal presentada por la diputada Elisa Carrió, el senador Fernando "Pino" Solanas, la ex diputada Fernanda Reyes y otros legisladores de la Coalición Cívica contra el ministro de Planificación Federal,Julio De Vido, y otros funcionarios del área de vivienda, fue impulsada formalmente. La denuncia sostiene que el gobierno nacional dispuso otorgar a las provincias fondos para la construcción de viviendas sin ningún parámetro y solo bajo premisas políticas. Según fuentes del caso, de la misma denuncia se desprende que "luego de revisar y analizar la distribución de los fondos de los planes federales de vivienda (financiados por el Poder Ejecutivo Nacional) a las distintas provincias, notamos que ésta no siguió ninguna premisa establecida y que hay evidencias claras de que respondieron a las afinidades políticas del Gobierno Nacional con los Gobiernos Provinciales de turno". Como ejemplo, se puso a la provincia de Córdoba, gobernada por el peronista opositor José Manuel De la Sota, que el año pasado habría recibido fondos por 2.377.000 pesos contra 120 millones que habría obtenido en 2006. La contracara, según la denuncia, sería Chaco, gobernada entonces por el actual jefe de Gabinete,Jorge Capitanich, que en 2006 habría recibido 100 millones de pesos para viviendas y que en 2013 tuvo un aumento, ya que habría obtenido 176 millones. "El caso de Santa Fe es similar al de Córdoba, aunque con una caída aún más pronunciada. En 2012 los santafecinos recibieron por estos planes una cifra 93 por ciento menor a 2006 (14 millones en 2012 vs. 220 millones en 2006)", agrega la denuncia. Para la ex diputada Fernanda Reyes, "el inicio de la investigación por parte del fiscal es porque consideró que hay una hipótesis de delito y corresponde ser investigado. Cuando denunciamos el manejo discrecional de los fondos para la construcción de viviendas, denunciamos que había una utilización política de los recursos del Estado para intentar manipular a los gobernadores", sostuvo. La causa que se inició es por la presunta comisión de los delitos de "abuso de autoridad" y "malversación de caudales públicos" en la que el fiscal Pollicita le solicitó al juez Ariel Lijo una serie de medidas de prueba para avanzar en el expediente.