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e la redacción de INFORME DIGITAL Por tercer año consecutivo, la marcha en conmemoración por el Golpe de Estado perpetrado el 24 de marzo de 1976, que dio inicio a la dictadura, se bifurcó y terminó en dos actos. La movilización realizada en la capital provincial terminó, por un lado, en la plaza Alvear, donde la Multisectorial de Derechos Humanos –apoyada desde el gobierno provincial y compuesta por organismos de derechos humanos y agrupaciones oficialistas- destacó centralmente los avances en los juicios por delitos de lesa humanidad desde 2004, destacando las políticas sociales del kirchnerismo aunque señalando también cuentas pendientes pero sin el tono fuertemente crítico que se escuchó frente a Casa de Gobierno. Allí, los gremios, agrupaciones y partidos políticos nucleados en el Encuentro por los derechos humanos de ayer y de hoy –muchos de ellos ex integrantes de la multisectorial- denunciaron “una nueva escalada represiva” destinada a hacer pasar “un brutal ajuste” sobre los trabajadores y sectores populares en general a la vez que resaltaron que los avances en materia de derechos humanos son “resultado de las luchas populares y no propiedad de gobierno alguno”. El documento de la Multisectorial Desde las organizaciones de derechos humanos y agrupaciones alineadas con el kirchnerismo destacaron “las condenas de 521 represores, 9 de ellos en Entre Ríos, más de 1.000 procesados y 122 juicios de los cuales 107 fueron desde 2004”. Sin embargo alertaron sobre “estancamiento (durante 2013) del enjuiciamiento a represores locales. Seguimos denunciando la grave parálisis de la megacausa Área Paraná”, señalaron para luego agregar que “el paso de los años ha implicado la muerte impune de muchos de los acusados”. De todas maneras apuntaron los principales cañones contra el poder judicial al sostener que “la justicia debe ir a fondo” y cuestionar las “dilaciones” de este poder del Estado. La permanente ratificación por parte del Ejecutivo de la jefatura del Ejército de César Milani, sospechado y denunciado por delitos de lesa humanidad de la dictadura, es un tema que no termina de cerrar en las organizaciones de base del kirchnerismo y eso se expresó en el documento: “reafirmamos que nunca más aceptaremos que un represor ocupe un cargo público y en este marco exigimos que se investigue sin privilegios ni dilaciones a todos los sospechados de delitos de lesa humanidad inclusive al jefe del ejército César Milani. Exigimos el esclarecimiento de los casos de Jorge Julio López y Silvia Suppo”. “Exigimos a todos los sectores políticos un mayor compromiso con la defensa de la voluntad popular”, reclamaron en una parte del documento al hacer referencia a los sucesos de los últimos meses en Venezuela y enmarcándolos como “estrategias de intervención del imperialismo” entre las que también inscribieron los acuartelamientos policiales ocurridos en diciembre pasado. En ese marco, las organizaciones firmantes llamaron a defender las políticas llevadas adelante durante las gestiones kirchneristas, convocando a “construir organización popular para consolidar lo conseguido en estos 10 años: el juicio y castigo a los responsables del genocidio, la ley de medios, las políticas inclusivas y de redistribución de la riqueza, la asignación universal por hijo, el Progresar, el Procrear, la moratoria y movilidad jubilatoria, el matrimonio igualitario, la recuperación de empresas nacionales como Aerolíneas Argentinas y la histórica recuperación de YPF”. Asimismo convocaron a comprometerse “con lo que todavía falta: la democratización de la justicia, la aplicación plena de la Ley de Medios en la provincia y en todo el país, la erradicación de la trata de personas, de la violencia hacia la mujer, la violencia institucional y de la violencia en todas sus formas. Exigimos la derogación de la Ley antiterrorista y apoyamos el anteproyecto del código Penal que incorpora los delitos de lesa humanidad con penas más severas”. El documento tuvo un párrafo aparte para la Iglesia con mención al Papa argentino: “el único cambio para cerrar heridas es la verdad. En este sentido reafirmamos la demanda para que Jorge Bergoglio, el Papa Francisco ordene la apertura de los archivos del Vaticano relacionados con la dictadura de la Argentina y del Cono Sur. Queremos la Iglesia de Angeleli y Mujica, no la de Von Wernich y Tortolo”. Ver “Documento completo de la multisectorial de derechos humanos” “Con impunidad, ajuste y represión no hay derechos humanos” Esas palabras sintetizan en parte, el panorama que observan y denuncian los sectores nucleados en el Encuentro por los derechos humanos de ayer y de hoy, que advierten sobre una creciente escalada represiva por parte del gobierno de Cristina Fernández en contradicción con su discurso en torno a los derechos humanos. “Esta lucha contra la impunidad de los genocidas, por juicio, castigo y cárcel común y efectiva para quienes avasallaron los derechos del pueblo a sangre y fuego, debe realizarse con independencia de los gobiernos de turno que en 30 años de democracia han sido garantes de la impunidad y han mantenido la matriz económica impuesta por la dictadura” y señalaron que los “los sectores más concentrados del poder económico” que estuvieron detrás del golpe “siguen imponiendo sus intereses en las políticas aplicadas por el gobierno nacional”. “El doble discurso del gobierno se ha quedado sin su barniz progresista. Intentan descargar un brutal ajuste sobre los trabajadores y el pueblo, incluyendo una devaluación que alimenta el proceso inflacionario y devora los salarios. Para hacerlo necesitan de las armas de la represión”, denunciaron y a continuación mencionaron una serie de hechos que confirmarían este rumbo. “Condenan a cadena perpetua a los petroleros de Las Heras, como castigo ejemplar para imponer su disciplina a los que luchan; ascendieron a jefe del ejército a un comprobado participe de los crímenes de la dictadura como Milani, designan a un partidario de la mano dura como Berni como secretario de seguridad. En nuestra provincia, el gobierno de Urribarri profundiza su política contra los derechos de los trabajadores, arremetiendo contra el derecho a huelga, utilizando a la justicia (…) para intentar acallar a los que luchan por el derecho a un salario digno”, expresa el documento. En ese marco, hicieron hincapié en que la lucha “por los derechos humanos de ayer y de hoy es una sola, que no se puede manipular la memoria para maquillar la continuidad y profundización de las políticas impulsadas por la dictadura, y decimos fuerte y claro: con impunidad, ajuste y represión no hay derechos humanos”. “Los triunfos logrados en estos años de lucha contra la impunidad, como la anulación de las infames leyes de impunidad de Alfonsin primero y el indulto menemista posterior, la restitución de la identidad a 110 personas y el avance en algunas causas, no son propiedad de gobierno alguno, sino resultado de la lucha popular”, destacaron las organizaciones del Encuentro que hicieron mención a las demandas aún vigentes: “desde la anulación de las leyes de impunidad hemos luchado porque se realicen juicios contra todos los genocidas que actuaron en cada campo de concentración. Exigimos la apertura de todos los archivos de la dictadura, con los nombres, las fotos y los legajos de todos los genocidas. Esos archivos que contienen la información sobre el destino de todos y cada uno de nuestros 30.000 compañeros y compañeras detenidos-desaparecidos y de sus hijos apropiados”. “La designación de Milani al frente del ejército retrata la perversidad del Gobierno Nacional que se arroga la lucha por los DDHH. Milani aún no ha dado cuenta en la justicia de su oscuro desempeño bajo la última dictadura militar. Además, encarna el proyecto de recuperar para las fuerzas armadas un rol activo en el espionaje y en la “seguridad” interna, en línea con la Ley Antiterrorista, el Proyecto X y otras manifestaciones del accionar represivo del Estado contra los trabajadores y luchadores populares. La Presidenta de la Nación en la inauguración de las sesiones legislativas no sólo defendió enfáticamente la escandalosa condena a los petroleros de Las Heras, sino que anticipó su intención de impulsar una Ley Anti-piquetes, en otro intento de regimentar las luchas y coartar el derecho a la protesta”. “La presidenta por tercer año consecutivo, atacó específicamente a los docentes. Esto en el marco de importantes huelgas a lo largo y ancho del país. Intentan derrotar la lucha docente para encarrilar a la baja todas las paritarias. Por eso recurren a la justicia amiga para imponer la conciliación obligatoria, la prohibición de asambleas, y amenazan con declarar a la educación un servicio esencial y aplicar el presentismo, cercenando el derecho a huelga”. Ver “Documento completo del Encuentro por los DDHH de ayer y de hoy”