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e la redacción de INFORME DIGITAL El diputado provincial y presidente del Partido Socialista, Lisandro Viale formalizó este jueves una impugnación al pliego de Guillermo Smaldone propuesto por el Poder Ejecutivo para presidir el Tribunal Revisor de Cuentas de la provincia. “El intento de designar a Smaldone contraría claramente la Constitución provincial”, señaló el socialista. Lo mismo hizo el espacio que conducen Jorge Busti y Gustavo Zavallo en Entre Ríos: luego de ingresar la nota mediante la Comisión de Acuerdos del Senado, el vicepresidente del espacio, Claudio Ava Aispuru, explicó que la Constitución de Entre Ríos reformada en el año 2008 “expresa taxativamente que los miembros del Tribunal de Cuentas deben ser nombrados previo concurso público, según el arículo 217”. En coincidencia, la impugnación presentada por Lisandro Viale señala que “conforme lo establecido por la Constitución de la Provincia de Entre Ríos (Arts. 5, 6, 62, 214, 217, 281) el nombramiento de cualquier persona en dicho organismo sin previo concurso público, deviene violatorio de las normas vigentes y que, por tanto, corresponde que esa Comisión rechace la propuesta enviada al Ejecutivo e inste al mismo a cumplir con los preceptos constitucionales”. La presentación fue efectuada en la mañana de este jueves en mesa de entradas del Senado provincial. El presidente del PS remarcó en declaraciones enviadas a INFORME DIGITAL que, “más allá de que no existió concurso previo, el intento de designar al actual ministro de trabajo de la provincia al frente del Tribunal Revisor de Cuentas contraría claramente la Constitución provincial, que aspira a que los órganos autónomos de control se encuentren fuera de la influencia del poder político, para impedir que el controlado influya al controlador”. El diputado ya había presentado en la legislatura provincial un proyecto de resolución tendiente a frenar la designación de cualquier miembro del Tribunal de Cuentas de la provincia en tanto no se dicte la reglamentación necesaria para hacer efectivas las condiciones del concurso público que prevé el artículo 217 de la Constitución Entrerriana. En tanto, Ava Aizpuru, en representación de FEF explicó que una Ley debió reglamentar el concurso “señalando la Constitución el plazo de un año para hacerlo desde su sanción (art. 281), es decir que en el año 2.009 se venció el plazo. A falta de una Ley, el Poder Ejecutivo debía dictar un decreto reglamentario del concurso público, ese mismo año 2.009, que regiría hasta el dictado de la ley, lo que no hizo”. “Bajo ningún aspecto el Poder Ejecutivo puede atribuirse la decisión unilateral de designar un miembro del Tribunal de Cuentas”, señaló el apoderado en declaraciones enviadas a INFORME DIGITAL. Y agregó que la mayor gravedad en la que incurre el Poder Ejecutivo “es sobre un organismo con rango constitucional, como lo es el Tribunal de Cuentas, siendo el acto administrativo del Gobernador inconstitucional, arbitrario, irrazonable y constituye un claro desvío de poder y abuso de autoridad”.