E

l candidato a gobernador del Frente Renovador, Adrián Fuertes, reclamó a la Justicia que investigue en forma urgente la denuncia realizada por abogados penalistas de la capital provincial vinculada a la supuesta pinchadura de sus teléfonos. “Es inaudito que frente a una denuncia de semejante gravedad la única reacción sea el silencio y la inacción. El gobierno debería tomar nota de lo que está pasando y la justicia tendría que iniciar de inmediato una investigación de oficio para determinar responsabilidades. No estamos hablando del robo de una gallina, sino de la violación de derechos básicos del ser humano, como la intimidad y la libertad”, señaló el intendente de Villaguay. La situación se conoció días atrás cuando un grupo de abogados que integran el Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología del Colegio de Abogados de Entre Ríos presentaron una nota ante el Superior Tribunal de Justicia, manifestando su “sospecha” de que sus teléfonos estarían siendo pinchados. Pero se tornó más grave aún cuando se supo, a través del portal Página Judicial, que las supuestas escuchas se estarían realizando “desde una oficina situada en pleno centro cívico”. “La sola sospecha de que están espiando a los abogados habilta a pensar que también podrían ser víctimas de esa actitud fascista los legisladores, dirigentes políticos, y por qué no, hasta los propios periodistas”, dijo Fuertes y reclamó a la justicia que en forma urgente abra una investigación de oficio. “Los funcionarios judiciales, y en particular el jefe de los fiscales, no pueden quedarse de brazos cruzados haciendo análisis periodísticos de estas situación. Su deber es investigar y lo debe hacer en forma urgente ya que existe la posibilidad de que estén siendo vulnerados derechos que constituyen la base misma de una sociedad democrática”, manifestó en un comunicado enviado a INFORME DIGITAL. Grave denuncia Integrantes del Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología del Colegio de Abogados de Entre Ríos manifestaron ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) su preocupación sobre posibles pinchaduras de sus teléfonos. Conocido el hecho públicamente, el procurador general de la provincia, Jorge Amílcar Luciano García, le bajó el tono al caso dijo que una correspondía a la Justicia Federal investigar el caso. El secretario de Justicia, Rubén Virué, en cambio, sostuvo que sería conveniente investigar para desechar dudas. Lo cierto es que no hay nada en marcha, al menos que se conozca. Pero hace unos días, los profesionales del derecho que hicieron públicas sus sospechas aseguran que recibieron información que señala que la base de las operaciones clandestinas estaría en una oficina instalada en inmediaciones del centro cívico. “En los últimos días llegó a manos de algunos de los abogados una información que los dejó perplejos: las interceptaciones de las comunicaciones se realizarían desde una oficina situada en pleno centro cívico. Para las mismas, se utilizarían equipos Gatewate y Ubiquiti. El primero -conocido como “puerta de enlace”- es un dispositivo configurado para que desde una computadora conectada a una red local se pueda acceder desde una red exterior. El segundo es un aparato que, con un software, permitiría interceptar llamadas conectándolo a una computadora portátil. En apariencia se lo usaría para brindar Internet”, publicó el porrtal Página Judicial. Los abogados no solo habrían recibido información técnica, sino que también manejarían los nombres de los operarios de esa tecnología. Inclusive, uno de los letrados aseguró que tiene datos precisos sobre el funcionamiento de “esa oficina” desde la que se realizarían las escuchas ilegales. ¿Práctica corriente? Entre Ríos tiene la tecnología más sofisticada para interceptar comunicaciones. Los fiscales que actúan en las causas donde se investiga el levantamiento policial de diciembre pasado solicitan pericias que se realizan en Paraná. Es precisamente en la capital provincial donde la Policía tiene instalados los equipos con los que se pueden desencriptar mensajes de texto, inclusive aquellos que han sido borrados. La idea de que periodistas y políticos son escuchados se viralizó en los últimos tiempos en Paraná. Con frecuencia, dirigentes de cualquier partido e inclusive magistrados prefieren dar alguna información o mantener una charla personalmente. La gravedad se incrementa cuando la Justicia, quien debe autorizar una interceptación telefónica en el marco de una pesquisa, es la que sospecha. La Ley Número 25.760 establece que el único organismo que puede hacer intervenciones telefónicas judicialmente es la Secretaría de Inteligencias (SI), ex SIDE, mientras que en el ámbito provincial es la Policía. También es cierto que hay un sinnúmero de recursos de bajísimo costo, como el conocido “celular espía”, que mediante un software permite escuchar un diálogo sin necesidad de que se realice una llamada. Esto hace, entonces, más difícil de identificar a quien realiza estas prácticas ilegales.