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l gobierno de Cristina Kirchner reaccionó con fuertes términos a la decisión del Poder Ejecutivo uruguayo de autorizar a la finlandesa UPM-Kymmene a aumentar un 0,8% su actividad anual en la fabricación de papel. En una carta enviada por el canciller Héctor Timerman a su Luis Almagro, anunció que llevará el caso a tribunales internacionales y que por estos momentos "reevalúa" la relación entre ambos países. El ministro aseguró que tomó conocimiento de la resolución que avala el aumento de producción de UPM a 1.365.000 toneladas anuales por la nota presentada por la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río Uruguay. Consideró que se trata de "un gesto inamistoso (...) un tema que desde octubre de 2013 ha surgido como una nueva etapa de la controversia entre los países". "Esta nueva medida uruguaya confirma la ruptura unilateral por parte de su gobierno del mecanismo de información y consulta previa establecido en los artículos 7 al 12 del referido Estatuto, que se encontraba en pleno desarrollo en octubre de 2013 cuando fue interrumpido de manera arbitraria por su gobierno", acusó Timerman, quien reclamó, en nombre del Gobierno, que la administración de José Mujica "deje de inmediato sin efecto esta nueva resolución y se atenga al cumplimiento estricto y de buena fe de las normas contenidas en el citado Estatuto". Tras remarcar que en tres ocasiones la Argentina manifestó en 2013 su oposición a esa autorización, el canciller anunció que el "gobierno argentino ha decido recurrir en forma inmediata a la Corte Internacional de Justicia por el incumplimiento uruguayo del Estatuto del Río Uruguay y de la propia sentencia del Tribunal del 20 de abril de 2010". El funcionario advirtió a su par, además que "procederá a reevaluar todas las políticas de relacionamiento bilateral con el Uruguay, así como el funcionamiento de las respectivas comisiones binacionales". El gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri calificó como "desconcertante" la decisión de Uruguay y adhirió a la idea de recurrir a La Haya. La decisión de Uruguay sobre la operatoria de UPM-Kymmene ocurrió luego de que la compañía acreditara haber cumplido una serie de condiciones para mitigar el impacto ambiental de las operaciones. Argentina y Uruguay ya habían dirimido el caso en la corte internacional cuando la empresa comenzó sus trabajos para instalarse sobre la ribera del río Uruguay. UPM no descartó construir una segunda planta de celulosa en Uruguay, esta vez ubicada en el este del país.