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l Senado pondrá en marcha la semana que viene el debate sobre un proyecto presentado por el ultrakirchnerista Aníbal Fernández en medio del estallido de saqueos de diciembre pasado, para castigar a los policías que abandonen sus puestos, tal como sucedió por reclamos salariales en distintas provincias (en Entre Ríos el epicentro fue Concordia, actualmente hay una causa judicial). La iniciativa había sido incluida en un temario de sesiones extraordinarias que finalmente nunca fue tratado. No obstante, el kirchnerismo buscará avanzar con la propuesta, en una reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales convocada para el próximo martes a las 15 en el Salón Illia. El proyecto de Aníbal Fernández sustituye el artículo 252 del Código Penal, incorporando penas para miembros de las fuerzas de seguridad nacionales, provinciales, porteñas o de una agencia estatal armada, que “a sabiendas” abandonen “injustificadamente” su servicio o “maliciosamente omitieren la prestación regular de su función”. Las penas previstas en el texto van de 750 a 12 mil 500 pesos e inhabilitación especial de un mes a un año, para aquel “funcionario público que, sin habérsele admitido la renuncia de su destino, lo abandonare con daño del servicio público”. Asimismo establece que el oficial “será reprimido con pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble tiempo de la condena”. Además, “si, como consecuencia del abandono u omisión tipificado se produjeren daños a bienes de la fuerza, bienes de terceros, lesiones o muerte de sus camaradas o terceros, se aplicará una pena de prisión de dos a ocho años e inhabilitación absoluta para desempeñar cargos públicos”. Penas para militares Según consignó Parlamentario, Fernández también contempló el caso de las Fuerzas Armadas, al establecer que “el militar que abandone su servicio, su destino o que deserte en tiempo de conflicto armado o zona de catástrofe, será penado con prisión de uno a seis años”. De manera similar al caso de las fuerzas de seguridad, indica que “si como consecuencia de su conducta resulta la muerte de una o más personas, se sufrieren pérdidas militares o se impidiese o dificultase la salvación de vidas en supuesto de catástrofe, el máximo de la pena se elevará a 12 años”. “En cualquier caso se impondrán las penas aquí previstas siempre que no resultare un delito con pena más grave”, determina el proyecto.