Jueves 19 de junio de 2014
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Interés general
Caso Ater: declararon funcionarios y se secuestró una computadora
Cuatro funcionarios de la Administradora Tributaria de Entre Ríos tuvieron que presentarse en sede judicial por la estafa en las compensaciones apócrifas. Aún no hay requisitoria fiscal, por lo tanto no hay imputados.
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Hasta ahora no hay imputados en la causa Ater.
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C

uatro funcionarios de la Administradora Tributaria de Entre Ríos tuvieron que presentarse en sede judicial por la estafa en las compensaciones apócrifas. Aún no hay requisitoria fiscal, por lo tanto no hay imputados. Los nombres de quienes acudieron a tribunales y las sospechas de una pesquisa lenta. Según información a la que tuvo acceso Página Judicial se tomaron testimoniales a funcionarios de la ATER: el director de Impuestos, Damián Alcides Zof; al director de Sistemas, Germán Gietz; la jefa de Seguridad Informática de ATER, Valeria Avellaneda; y la contadora Daniel Miño, que cumple la misma función que desempeñaba Daniel Gaggión. Éste, junto a Estrella Martínez de Yankelevich, son los llamados “empleados infieles” y principales sospechosos del fraude a través de las compensaciones apócrifas. Miño, en cambio, hacía el trámite pero con todas las de la ley. Lo pudo probar en sede judicial. Otra medida preventiva que se tomó fue el secuestro de una computadora de ATER. Con ironía, un dirigente con despacho en Casa de Gobierno comentó que durante todo el fin de semana en el primer piso, donde es Tesorería de la provincia, se trabajó a toda hora. “¿Acomodando papeles?”, se preguntó el pícaro. Casaretto denunció un fraude por 15 millones y que en el seno del gobierno creen que puede llegar a 50 millones. La denuncia es a partir del 1° de enero de 2012 hasta el presente. Pero el procurador general, Jorge Amílcar García, adelantó que se investigará para atrás y le puso una fecha: el año 2006. Lo cierto es que los empleados de la ATER sospechados, una red de contadores y el ahora renunciado tesorero general de la provincia, Gustavo Gioria, “ofrecían” el servicio de compensaciones tributarias a las empresas proveedoras del Estado, deudoras de impuestos, compensarlas con acreencias y así liquidar todo en cero. El artículo 75 del Código Fiscal dice que el proveedor del Estado debe acreditar la tenencia de créditos líquidos y exigibles ante un organismo, los que una vez aprobados por la Tesorería y la Contaduría General de la provincia, se aprobarán para su compensación por impuestos por medio de una resolución del Ministerio de Economía. Esas tres áreas gubernamentales tienen al frente a Gioria, Aurelio Miraglio y Diego Valiero. El primero renunció; el segundo fue el último titular de lo que es la ex DGR y ahora ATER; y el tercero es el funcionario más antiguo de las dos gestiones de Sergio Urribarri. En un informe que dio a conocer Página Judicial se desprende que durante el período denunciado por el titular de la ATER, el 62 por ciento de las compensaciones gestionadas desaparecieron. Durante todo ese tiempo, el Estado canceló a contribuyentes 28.874.127,33 millones de pesos. Casaretto denunció una estafa por 18 millones. La causa por el desfalco en la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) avanza a paso lento. A uno poco más de dos semanas de la denuncia por el titular del organismo, Marcelo Casaretto, la Justicia sólo ha tomado algunas testimoniales y secuestró una sola computadora. El fiscal a cargo es Gervasio Labriola, quien pese a estar en carácter de “auxiliar”, es quien lleva adelante la pesquisa. Un dato para tener presente y que hace ruido es su cercanía con el presidente de la Cámara de Diputados, José Allende. El joven – que ingresó hace unos meses al Ministerio Público Fiscal – es sobrino político del mandamás de UPCN que está siendo investigado por desvíos de fondos en el seno de la administración pública. Marina Barbagelata es quien instruirá el expediente, cuando haya requerimiento fiscal. Por el momento no puede disponer de oficio ninguna medida. No tiene jurisdicción.
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