Sábado 21 de junio de 2014
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Política
Solicitada del Gobierno en el diario de Wall Street pide que le dejen pagar
El gobierno nacional publicó en el diario más importante del mundo financiero una solicitada que explica la delicada situación que atraviesa por el litigio con los buitres. Denuncia que éstos y el juez Griesa le impiden pagar a los bonistas
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El gobierno explica su posición en el centro de finanzas mundial.
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e la redacción de INFORME DIGITAL En días de suma tensión en la Rosada a raíz del fallo del juez Thomas Griesa favorable a los holdouts, por el que el Gobierno argentino queda obligado a desembolsar 1.500 millones de dólares antes del 30 de junio a los fondos ganadores del juicio, y luego del anuncio de la presidente durante el acto por el Día de la Bandera de que se pagará con buena fe, desde la Jefatura de Gabinete de la Nación se publicó una solicitada en el Wall Street Journal. El documento esboza un recorrido del pago de la deuda externa que desde el 2003 han ejecutado los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina, un total de 190 mil millones de dólares "a través del esfuerzo del pueblo argentino" según dice la nota, y plantea los riesgos que para la economía nacional implica el reciente fallo de la Corte norteamericana, incluyendo el default. "Desde 2003, varias medidas fueron implementadas con el objetivo de normalizar las relaciones financieras internacionales del país. El principio fundamental de todas las negociaciones con los acreedores fue siempre el mismo: pagar" señala su predisposición el gobierno. "La economía argentina ha crecido, reduciendo el desempleo y siguiendo con la reducción de su deuda, al punto de que el valor en moneda extranjera de la deuda pública con el sector privado actualmente no excede el 8 por ciento del PBI" describe. "La deuda con el Fondo Monetario Internacional fue cancelada en su totalidad, se llegó a un acuerdo con acreedores en el Ciadi, las obligaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial o la Corporación Andina de Fomento fueron cumplidas, el reciente pago en un período de 7 años acordado con el Club de París y se pagó una compensación a la empresa Repsol por la expropiación del 51% de la acciones de YPF" enumera como logros y disciplina de pago la solicitada del gobierno. En relación a las reestructuraciones de 2005 y 2010, sostiene que "tras largas negociaciones, consultas a los acreedores y aplicando el principio de buena voluntad, se logró un acuerdo por un canje voluntario de bonos de deuda defaulteada por nuevos bonos. La oferta del canje fue hecha en 2005 y en 2010, logrando la aceptación del 92.4% de los acreedores. El 7% de los acreedores no aceptaron la reestructuración". Sin embargo, subraya cómo entraron en juego los holdouts del actual litigio: "los fondos buitre que obtuvieron un fallo a su favor no son acreedores originales de la Argentina. Compraron fondos por un precio obscenamente bajo. El fondo NML de Paul Singer, por ejemplo, en 2008 pagó 48.7 millones de dólares en bonos en default. El fallo del juez Griesa ahora ordena que se le debe pagar 832 millones de dólares, lo que representa una ganancia de 1608% en sólo seis años". Este pago deberá efectuarse antes del 30 de junio. El problema radica en que "sin embargo, se estima que el total de los bonos en default que no aceptaron el canje representan unos u$s15 mil millones, más del 50 por ciento de las reservas en moneda extranjera del país. El fallo del juez Griesa empujaría al país a un nuevo default". Esto es así ya que "si los fondos buitre reciben el pago, los otros tenedores de bonos de deuda podrían demandar un trato igual, lo que le representaría un costo superior a los 120 mil millones de dólares" alerta el gobierno. En uno de los párrafos, se explica el título de la obra. "Si Argentina, por otro lado, no le paga a los fondos buitre, el fallo del juez Griesa prohíbe al país pagarle al 92,4 por ciento de los bonistas que sí aceptaron la reestructuración". Es decir, pagarle a los fondos buitre es el camino al default, pero si no se les paga, la orden del juez Griesa implica poner en riesgo el derecho de los bonistas de cobrar su deuda reestructurada en 2005 y en 2010, saldo que la gestión de Cristina Fernández de Kirchner sí quiere pagar. La solicitada nombra algunos organismos y países que han expresado su solidaridad con el problema argentino de los fondos buitres y finaliza: "la voluntad de Argentina es clara: esperamos una decisión judicial que promueva condiciones justas y equitativas de negociación para resolver esta prolongada y difícil disputa que ha afectado, afecta y afectará al pueblo de Argentina debido a la voracidad de un minúsculo grupo de especuladores".
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