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uego de más de cinco años de lucha, cortes de rutas y puentes, empapelar una ciudad bajo la consigna “Fuera Botnia”, als cosas parecerían estar dándose al revés. Ahora, es Argentina la que promueve una medida que el país vecino considera contaminante: la posible mudanza de una planta de producción de dióxido de uranio –que sirve de combustible para las plantas nucleares del país–, de Córdoba a Formosa, cerca del límite con Paraguay. Esta situación se viene agravando desde hace tiempo. En febrero de este año, tanto autoridades del Gobierno y de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), como dirigentes de la empresa comunicaron que la planta Dioxitek, una sociedad anónima del Estado, con 99% de sus acciones en manos de CNEA y 1% del gobierno de la provincia de Mendoza, que se hizo cargo de la fábrica, podría radicarse en la provincia de Gildo Insfrán. El posible traslado ha generado reacciones de rechazo, principalmente ante la falta de información precisa: un viaje de senadores paraguayos a la provincia de Córdoba para conocer la planta, aunque no pudieron ingresar; marchas en contra y audiencias públicas en el Congreso paraguayo y en la provincia de Formosa sobre el tema. El propio jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, visitó el Senado de la Nación el 7 de mayo pasado y determinó que “el eventual terreno donde se instalará la empresa Dioxitek SA será en el Parque Tecnológico de Formosa”. Asimismo, brindó las coordenadas del lugar: la planta estaría emplazada a pocos metros del riacho Formosa, que desemboca en el Río Paraguay. Esto es, a metros de la ruta 81, entre los Km 1.184 a 1.189, en dirección oeste, a tan sólo 16 Km del centro de Formosa, cien del límite con Paraguay y 170 Km de Asunción. La diplomacia bilateral, resentida Hasta el día de hoy, diversos senadores y diputados argentinos como paraguayos, organizaciones vecinas y ambientales, como Greenpeace y Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) reclaman “acceder a la información pública completa de este proyecto vinculado al plan nuclear y de querer recibir, por parte del Estado, un estudio completo de impacto ambiental”. Los senadores paraguayos que encabezan este reclamo son de diversos partidos políticos y vienen quejándose de la falta de información, a pesar de una visita especial que en el interín realizó el 23 de abril pasado, el canciller Héctor Timerman. “El tema es que la vía interparlamentaria fue mucho más eficiente que la comunicación vía gubernamental a través de Cancillería, que ha tenido una actitud cómplice al tratar de ocultar datos de relevancia como los daños ambientales producidos en Córdoba por Dioxitek”, expusieron a PERFIL. Los legisladores explicaron que se unieron por el rechazo de la construcción de Dioxitek y el reactor Carem 150 en la provincia de Formosa. “La actitud cómplice del embajador paraguayo ante Buenos Aires, Nicanor Duarte Frutos, quien afirmó que la planta no causaba daño ambiental, quedó al descubierto con la presentación de documentos sobre los residuos radiactivos de baja intensidad que han producido en Córdoba. El Congreso Nacional expresó su rechazo al proyecto Nuclear de Formosa”, agregaron los senadores. Por su parte, Arnaldo Giuzzio, del Partido Democrático Progresista, manifestó que en Paraguay no hay plantas nucleares: “Nosotros presentamos un proyecto de ley que prohíbe el uso de energía nuclear en el territorio paraguayo. No queremos la instalación de plantas de este tipo de energía. Apoyamos la generación de otro tipo de energía limpia: solar, hidroeléctrica, eólica”. Según Giuzzio, el problema es que “la información que estamos recibiendo es muy vaga. En ningún momento se consultó al gobierno paraguayo sobre este tipo de instalación. Lo que sospechamos es que se quiere instalar cerca de Paraguay porque aquí hay uranio”. El riesgo ambiental Grupos ambientalistas y especialistas afirman que Dioxitek dejó sesenta mil toneladas de residuos de uranio en una zona conocida como “el chichón” en Alta Córdoba, un barrio periférico de la ciudad de Córdoba, donde está la planta. “Esos materiales radiactivos más que tratados fueron aislados, pues la radiactividad de un material radiactivo no puede ser modificada”, revela el ambientalista Raúl Montenegro, profesor de Biología Evolutiva de la Universidad Nacional de Córdoba. Por otra parte, Javier Giordano, delegado de ATE y empleado de Dioxitek, confirmó que la planta continúa aún en funcionamiento, pero cuenta con los niveles de contaminación aceptados por la CNEA. Sin embargo, “el chichón de Dioxitek en Córdoba carece de membrana y sus residuos radiactivos contaminan aire, suelo, agua y otros organismos vivos”, dice Montenegro. “La misma CNEA lo reconoce en sus estadísticas. La planta de Córdoba ha venido descargando, cada año, varios kilos de aerosoles de uranio al aire del barrio y centenares de kilos de uranio a la colectora cloacal”. Hace diez días, Montenegro y un grupo de senadores paraguayos quisieron entrar a la planta, pero no pudieron. Supuestamente fue “porque no cumplieron con las medidas protocolares estipuladas”, según dijo el delegado de ATE. El empleado aclaró no estar al tanto de la veracidad del traslado, ni de los plazos ya que “es una medida que analizan los altos mandos”. En los barrios afectados, nunca se hicieron estudios epidemiológicos. Existen mediciones independientes y alertas de la Autoridad Regulatoria Nuclear sobre la presencia del gas radiactivo Radón 222 y altos niveles de contaminación en aire y suelo. El senador Luis Juez manifestó en una audiencia pública en su provincia: “En Córdoba nos cansamos de enterrar vecinos con tipos de cáncer inexplicables, culpa de una fábrica que nunca eligieron tener aquí”. De acuerdo con la presidenta de la CNEA, Norma Luisa Boero, los temores surgen desde “sectores políticos” y son “infundados”, porque parten de la “falta de conocimiento”. Por su parte, en 2005 se gestionó el financiamiento internacional mediante un préstamo del BID por un monto total de US$ 30 millones, los cuales servirían para financiar las tareas de remediación ambiental de estos sitios conocidos como el “chichón”. Según le explicó a PERFIL Norma Morandini, senadora nacional por Córdoba, “este préstamo tenía un plazo de cinco años a contar desde el inicio de la ejecución del mismo, en abril de 2010. En marzo de este año, Capitanich informó que a cuatro años de vida del proyecto, sólo se ejecutó el 28% de las metas y que de los sitios emplazados en Córdoba continúan en estudio sobre cuál sería la mejor medida de remediación”.