Jueves 26 de junio de 2014
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Política
UPM: Legislatura entrerriana pide que Uruguay cumpla tratados internacionales
Diputados y Senadores aprobaron un proyecto de resolución a fin de solicitar al gobierno nacional la vuelta a la Corte Internacional. En la Cámara Baja hubo planteos para reformar la CARU y la metodología para monitorear el río Uruguay.
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Argentina recurrirá nuevamente a La Haya por la ex Botnia.
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Diputados votaron por unanimidad el proyecto de resolución.
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e la redacción de INFORME DIGITAL El Senado entrerriano celebró este jueves una sesión especial en la que aprobó una resolución que pide al Estado Nacional que exija a la República Oriental del Uruguay “el cumplimiento de sus compromisos internacionales” en relación a la defensa y cuidado del medio ambiente. El documento señala la existencia de violaciones de convenios suscriptos por la ROU y Argentina. Además promueve la activa participación de Entre Ríos en la elaboración de la presentación que se hará ante organismos internacionales para ejercer la defensa de los derechos humanos y ambientales de toda la región. El senador de Gualeguaychú, Natalio Gerdau, incorporó al expediente la Resolución del Concejo Deliberante de Gualeguaychú, aprobada este miércoles (Ver complementario). El legislador dijo sentirse “defraudado” por la posición asumida por el presidente Uruguayo, José Mujica, en este tema. El encuentro se inició poco después de las once. Estuvieron presentes 16 Senadores, por la ausencia del representante de Islas, Eduardo Melchiori, quien no pudo asistir por razones personales. Presidió la sesión el vicegobernador de la provincia, José Cáceres y estuvo asistido por el secretario y pro secretario del Cuerpo, Mauro Urribarri y Lautaro Schiavoni, respectivamente. En tanto, en Diputados, estuvo presente el intendente de Gualeguaychú, Juan José Bahillo, quien siguió las palabras de los legisladores desde una de los palcos del recinto. Violación de sentencia Senado y Diputados señalaron que Uruguay violó la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Uno de los aspectos centrales de los argumentos que sostienen la posición entrerriana es que “el conflicto entre partes involucra la defensa del medio ambiente y de los derechos humanos”. Indica que por su naturaleza resulta ser de competencia de la Corte Internacional con asiento en La Haya, por ser el presente conflicto generado por la actitud del gobierno uruguayo una derivación de la sentencia dictada por aquél organismo “que no ha sido debidamente observada por la ROU”. Ambas Cámaras, señalaron que Uruguay, con su decisión de habilitar la mayor contaminación del Río Uruguay, va contra los alcances del Tratado del Río Uruguay, del Estatuto del Río Uruguay, de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados del año 1969, del tratado internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el uso no navegable de los Cursos de Agua Internacionales, del Convenio de Basilea sobre Movimientos Transfronterizos de Residuos Peligrosos, del Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del Mercosur del año 2001 y de la Declaración de Estocolmo del año 1972. En la Cámara Baja el diputado socialista Lisandro Viale fundamentó su acompañamiento al proyecto de resolución pero además hizo mención a otros casos de empresas contaminantes, pero que se encuentran en Argentina. Mencionó el polémico caso de la fábrica de uranio en Formosa resistida por Paraguay, por lo que pidió "no hacer un falso patriotismo con el ambientalismo que nos quejamos cuando contamina Uruguay pero no decimos nada cuando contaminamos nosotros". Además propuso que se realicen cambios en la Administradora del Río Uruguay (CARU) organismo binacional que se ocupa de monitorear el río. El legislador pide que haya más participación civil en el ente. Artículos El articulado del proyecto de resolución aprobado en ambas Cámaras dice que "en caso de entenderlo necesario y adecuado, en ejercicio de los derechos procesales internacionales, denuncie los hechos nuevos vinculados a la producción de pasta de celulosa en el margen oriental del Río Uruguay, en territorio de la República Oriental del Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya y las violaciones que estos implican a los convenios suscriptos entre las partes y a los pactos internacionales" al tiempo que le pide a la CARU que brinde informes permanentes. En otro punto se requiere al gobierno nacional "que habilite la activa participación de la Provincia de Entre Ríos, a través de los organismos pertinentes, en la elaboración de la presentación y estrategia judicial a desarrollar en el proceso internacional, atendiendo fundamentalmente al compromiso evidenciado por nuestra provincia en la defensa del medio ambiente y a la directa afectación de intereses entrerrianos por la conducta asumida por el vecino país".
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