L

a Conferencia Episcopal Argentina expresó su preocupación por la inestabilidad laboral creciente, producida por las suspensiones de personal y los cierres de fábricas, y advirtió por los altos niveles de inseguridad y adicciones en el país. "Preocupa a los obispos la inestabilidad laboral creciente que se manifiesta en despidos, suspensiones y el cierre de fábricas", advirtió el vocero del Episcopado, el sacerdote Jorge Oesterheld. La Iglesia mencionó así por primera vez la turbulencia que padece el mercado laboral este año, afectado por el ingreso del país en una "recesión técnica" luego de cumplir tres trimestres consecutivos de caída de la actividad económica. La merma productiva fue reconocida por el propio titular de la CGT oficialista, Antonio Caló, quien advirtió en el consejo directivo de la central la destrucción de 3000 puestos de trabajo y 10.000 suspensiones en el sector metalúrgico. La eliminación del empleo, ya sea definitiva o temporal, generó una alta conflictividad sindical que acaparó en los últimos meses parte de la agenda pública. Figuran entre los casos más resonantes los de las empresas Lear, Gestamp, Calsa, Tatsa y Emfer, que tuvieron como denominador común el liderazgo de activistas gremiales de izquierda, y por momentos una respuesta virulenta por parte del Gobierno, que no escatimó en reprimir con dureza las protestas con el objetivo de liberar el tránsito en la autopista Panamericana. A la larga lista de conflictos se sumó el lunes el de la imprenta Donnelley, que cerró su planta de Garín y dejó a más de 400 trabajadores en la calle. Este martes, el Ministerio de Trabajo bonaerense dictó una conciliación obligatoria, pero la empresa, que entró en quiebra, la incumplió. Ante esa irregularidad, los empleados en asamblea decidieron tomar la fábrica y reactivar la producción, en una suerte de eco de la estrategia que adoptaron los obreros despedidos durante 2001 como método para mantener las fuentes de trabajo. En otro orden, Oesterheld hizo hincapié en los "inquietantes los altos niveles de inseguridad y adicción a las drogas", una crítica que desde hace tiempo se hizo habitual y central en los posicionamientos eclesiásticos. Los obispos, encabezados por monseñor Arancedo, iniciaron tres días de deliberaciones en la sede episcopal del barrio porteño de Retiro, con un intercambio pastoral en el que, además de dialogar sobre la actualidad nacional, se hicieron eco de los reiterados llamados del papa Francisco a la paz en Medio Oriente. Puntualmente, focalizaron sobre el conflicto bélico en la Franja de Gaza y la crisis humanitaria que padecen sus habitantes, como la persecución a los cristianos en Irak. Reacción del Gobierno El jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, desestimó este miércoles las criticas de la Iglesia respecto al empleo y aseguró que "seguramente (los obispos) también se va a expresar sobre el impacto de tema de los fondos buitres" en la sociedad. "Supongo que la Conferencia Episcopal Argentina tratara de un modo detallado el impacto que tiene la acción de grupos minúsculos, de especuladores a nivel internacional denominados fondos buitres, respecto a los niveles de afectación de la condición soberana de un país y a las implicancias que esto tiene a nivel mundial y nacional", sentenció, según publicó Infobae. En este sentido, el Jefe de Gabinete aseguró que los dichos del vocero "no implican" un documento de la Conferencia Episcopal y discrepo nuevamente con los indicadores sociales de la Iglesia, que se basan en datos del Observatorio Social de la UCA. "Ellos tiene indicadores que no coinciden con el sistema de estadificas oficiales, incluso con valores favorables al Gobierno. Es muy importante observas que la cuestión relacionada al empleo forma parte de una agenda recurrente del Gobierno", sostuvo Capitanich en su tradicional conferencia de prensa matutina.