L

a acordada del Superior Tribunal de Justicia (STJ) rubricada en 2002 y que les allanara el camino a los magistrados para dejar la obra social viola la ley orgánica del Iosper (Nº 5.480) que establece en su artículo 3º que están “obligatoriamente” afiliados los “funcionarios, magistrados, empleados y agentes que desempeñen cargos en cualquiera de los poderes del Estado provincial y municipalidades y sus reparticiones u organismos autárquicos o descentralizados”. El artículo siguiente sólo exceptúa a los contratados, es decir a los que ocupan cargos electivos o los que pertenezcan forzosamente a un régimen municipal o nacional. Según publicó Página Judicial, en la actualidad, cinco de los nueve vocales aportan, según se informó a Página Judicial desde la obra social. Ellos son Claudia Mizawak; Emilio Castrillón; Susana Medina de Rizzo, Leonor Pañeda y Juan Ramón Smaldone. Quienes no lo están haciendo son Carlos Chiara Díaz, Omar Carubia, Germán Carlomagno y Bernardo Salduna. Hay otros tantos de magistrados que tampoco lo hacen. En noviembre de 2003, el entonces juez correccional José Carlos Halle, falló favorablemente ante un recurso presentado por el Iosper. Consideró que el STJ invalidó mediante un acto de superintendencia (una resolución) lo que dice una ley, “violentando nuestro ordenamiento normativo”. La sentencia de Halle no prosperó por cuanto fue apelada, y finalmente revocada. La conducción de Cañete promete crear otro contexto sobre esta situación. El referente de AJER impulsó hace unos años en el seno de su gremio -.y luego se aprobó en un plenario provincial – la idea de que todo aquel postulante para ingresar al Poder Judicial a través del Consejo de la Magistratura que se haya desempeñado interinamente y no haya aportado al Iosper se le otorgue 0 puntos en la Entrevista Personal (tercera instancia en los concursos). A esta medida se sumaron otros sectores de la sociedad civil que integran el organismo asesor. En la obra social no tienen dudas de que se viola ley. Es una situación compleja, porque quienes deben fallar son los mismos que se favorecen con la resolución. Por la vía judicial sólo habría una luz en la Corte Suprema de Justicia. Casi una utopía. Ante este escenario se trabaja en una estrategia para un retorno de aquellos magistrados que no aportan. Los ajustes presupuestarios en la mutual del Estado alimentan esa consigna. En un informe publicado el 21 de abril pasado y teniendo en cuenta el salario anterior al incremento de marzo, un vocal embolsaba por mes 100.179,03 pesos, con la salvedad de que está eximido del pago de impuesto a las ganancias, por aquello de la intangibilidad del salario de los magistrados. Por ley, el aporte a la obra social es del 3 por ciento del salario.