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n la sesión de la Cámara Baja, el diputado nacional Jorge D’Agostino (UCR-Entre Ríos), expresó su argumento contra la aprobación de la Ley de Cambio de Jurisdicción de Pago de Bonos y Creación de la Bicameral de Investigación de la Deuda Externa Argentina. El legislador advirtió “la incompatibilidad de darle carácter de interés público a las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010 y crear una comisión que investigue las responsabilidades del endeudamiento”. “El artículo Nº 36 de la Constitución Nacional indica que los actos contra el sistema democrático son insanablemente nulos y parte de esa deuda es de la dictadura del genocidio que destruyo el sistema productivo, y eso es un grave delito contra el sistema donde, además supuestamente hubo enriquecimiento ilícito, no sólo de los militares de aquel entonces, sino también de civiles que hasta el año 2010 estaban involucrados en el manejo de la deuda”, aseguró, según declaraciones enviadas a INFORME DIGITAL. En esa línea, añadió: “Por este motivo, de ninguna manera se puede declarar de interés público una gestión sospechada de corrupción, porque eso bloquearía todo tipo de investigación y búsqueda de los responsables. La ley pudo haberse escrito de otra manera, pero no escuchan”, indicó, en clara referencia a las acusaciones sobre irregularidades cometidas por el actual vicepresidente Amado Boudou, cuando era ministro de Economía. “Es un espanto”, dijo al referirse al lema “Patria o Buitres”, porque “los radicales estamos en contra de la sentencia del juez de Nueva York y apoyamos al gobierno para resolver este problema, pero los responsables son los que gobiernan, y ahora quieren hacer creer al ciudadano que el que está en contra de esa ley, es antipatria, cuando debieron haberlo manejado de otra manera. El planteo es una grosería que pretende esconder una vez más, detrás de una pequeña verdad, una gran mentira a cambio de impunidad”, concluyó. El planteo opositor La UCR, el Frente Renovador, Unión Pro, el FAP, Compromiso Federal, Suma+UNEN, Unión por Córdoba y el Frente de Izquierda votaron en contra del artículo 12 -incorporado en el Senado- del proyecto de ley de pago soberano. Es que, según el argumento opositor, resultaba contradictorio acompañar ese artículo habiendo votado en contra de la declaración de “orden público” de la ley, contemplada en el artículo primero. Ese artículo reza que “en ejercicio del poder soberano de la República Argentina, se declara de interés público la reestructuración de la deuda soberana realizada en los años 2005 y 2010, así como el pago en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables al cien por ciento de los tenedores de títulos públicos de la República Argentina”. En el radicalismo volvió a haber una excepción: el puntano José Riccardo votó a favor. Eduardo Santín, que había apoyado el proyecto en general, esta vez se expidió en contra. Hubo sólo dos diputados que votaron a favor de crear dicha bicameral: la expiquetera Ramona Pucheta (FIS) y el cegetista Omar Plaini (Cultura, Educación y Trabajo), quienes acompañaron todo el proyecto de pago soberano en general. Quienes se abstuvieron en el artículo de la comisión investigadora fueron Alcira Argumedo (Proyecto Sur), María Cristina Cremer de Busti (Unión por Entre Ríos), Claudio Lozano, Víctor De Gennaro, Antonio Riestra (Unidad Popular) y Victoria Donda (Libres del Sur).