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a Justicia allanó este miércoles la Tesorería de la provincia y la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) en el marco de la causa en la que se investigan unos 50 millones de pesos. Según publicó Página Judicial, se secuestró documentación en Casa de Gobierno y en las oficinas ubicadas en la esquina de Urquiza y Buenos Aires. Una larga lista de empresarios y dos empleados del organismo recaudador están siendo investigados por la estafa al Estado a través del sistema de compensaciones de deuda. Se trata de la jefa de Despacho, Estrella Martínez de Yankelevich; y el de Mesa de Entradas, Daniel Gaggión. En la nómina de imputados no aparece un funcionario que se daba por hecho que estaría en el grupo de sospechosos. Es Gustavo Gioria, que se desempeñaba como tesorero de la provincia, y que apareció como contador asesor de una de las empresas vinculadas al escándalo que denunció el jefe de la ATER, Marcelo Casaretto. Gioria, trascendido el episodio, decidió presentar su renuncia al cargo. No es para menos. El ahora ex funcionario, junto a otros contadores, aparentemente formarían parte de una red de profesionales que “ofrecían” a empresas proveedoras del Estado, deudoras de impuestos, compensarlas con acreencias y así liquidar todo en cero. La salida del cargo fue el fusible ante el delito de incompatibilidad en el ejercicio de la función. Hasta ahora, para la Justicia, no es un sospechoso. ¿Cómo es el procedimiento de cancelar deudas con el Estado? El artículo 75 del Código Fiscal dice que el proveedor del Estado debe acreditar la tenencia de créditos líquidos y exigibles ante un organismo, los que una vez aprobados por la Tesorería y la Contaduría General de la provincia, se aprobarán para su compensación por impuestos por medio de una resolución del Ministerio de Economía. Esas tres áreas gubernamentales tenían a Gioria, Aurelio Miraglio y Diego Valiero. El primero renunció; el segundo fue el último titular de lo que es la ex DGR y ahora ATER; y el tercero es el funcionario más antiguo de las dos gestiones de Sergio Urribarri. La causa está en manos del fiscal a cargo es Gervasio Labriola y de la jueza Marina Barbagelata.