Sábado 08 de noviembre de 2014
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Política
El Kirchnerismo quiere sacarle caja de $70 millones a un entrerriano
El Gobierno impulsa un proyecto para que el Estado tome el control del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA), que preside el entrerriano Gonzalo Alvarez Maldonado. La Mesa de Enlace buscará frenar la iniciativa.
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Gonzalo Alvarez Maldonado. (Foto de archivo 2011).
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E

l Gobierno envió un proyecto para que el Estado tome el control del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA), que preside el entrerriano Gonzalo Alvarez Maldonado. La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Agricultura Carlos Casamiquela. En concreto, con el proyecto el Gobierno busca intervenir y tomar el control mayoritario del Instituto de la carne. Algo que no pudo hacer ni Guillermo Moreno en sus años de supersecretario de Comercio Interior, ni Julián Domínguez en su paso por el Minsiterio de Agricultura. El IPCVA , es un ente mixto integrado por representantes del sector público y privado que se financia con el aporte de los productores ganaderos (un 70%) y los frigoríficos cárnicos (un 30%) y que maneja actualmente un presupuesto anual de $ 70 millones. El organismo es dirigido por el entrerriano Gonzalo Alvarez Maldonado, ex presidente de la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco). Actualmente representa a Coninagro en el IPCVA, acompañado por un consejo asesor integrado por dirigentes de la Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria, la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados (Ciccra), entre otras. Maldondado, también fue uno de los oradores que cargaba más duro contra el Kichnerismo en el conflicto del campo en 2008 y en diferentes conflictos que se derivaron a partir de la 125, según se puede establecer en los archivos de INFORME DIGITAL. Proyecto oficial La idea del kirchnerismo -que siempre tuvo en la mira al IPCVA- es reemplazarlo por lo que denominaron Instituto de Promoción de la Carne Argentina (IPCA) y pasar a promocionar así el resto de las carnes como la porcina y la aviar, entre otras. Pero el punto del proyecto que genera más controversia son los cambios en el Consejo Directivo que impulsa Casamiquela. Sucede que la iniciativa oficial establece que será el Ministerio de Agricultura el que designe al presidente, que además tendrá voto doble en caso de empate. De esta manera, según consignó La Política Online,, en caso de que el proyecto sea aprobado en el Congreso, el nuevo Instituto pasará a contar con 6 representantes del sector productivo, 3 de la industria frigorífica, 4 del Gobierno nacional y 5 de las provincias productoras. Así perderían poder político las cuatro entidades rurales. Así, la Asamblea de Representantes del nuevo IPCA estaría compuesta por un total de 18 miembros: 9 del sector público y 9 del sector privado, aunque con ventaja para el kirchnerismo dada la buena relación que tienen con la cadena avícola y porcina. En rigor, se trata de una jugada política de alto voltaje por parte de Casamiquela que de esta manera se encarga de darle el último golpe al sector tras la eliminación años atrás del Renatre y la quita del manejo de las cartas de porte a Federación Agraria (FAA). Campo en pie de guerra En este contexto, desde el sector agropecuario salieron con los tapones de punta a rechazar el proyecto y defendieron la actual composición y funcionamiento del IPCVA. El campo tratará de frenar el proyecto en el Congreso. La Mesa de Enlace emitió un comunicado en el que rechazó el proyecto K: “Es evidente el aprovechamiento que el Gobierno pretende hacer de los recursos de los productores y los frigoríficos en desmedro de la producción de carne vacuna”, señaló. “Una vez más, el kirchnerismo pretende intervenir de forma inconsulta aquellas instituciones que funcionan exitosamente”, apuntaron las entidades. “Pretenden destruir todo lo que todavía funciona en materia de impulso a la producción”, agregaron. Por último, la Mesa de Enlace explicó que “el IPCVA es un organismo creado en 2001 que se consolidó como un ejemplo de convivencia entre la producción, la industria y el sector público que por Ley tiene participación en el Consejo de Representantes”.
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