E

l oficialismo acusó al juez federal Claudio Bonadio de formar parte de una “estrategia de golpismo activo” en colaboración con algunos medios de comunicación y sectores políticos opositores, un día después de que el magistrado ordenara un allanamiento judicial a oficinas de una empresa de turismo vinculada con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Es un ataque sistemático al gobierno nacional por denuncias falsas sin ningún tipo de entidad, con una sola estrategia: establecer una instalación mediática alevosa, pergeñada y articulada desde el arco opositor”, manifestó este viernes por la mañana el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. Otros dirigentes de primera línea se sumaron al repudio, entre ellos el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri; el ministro de Defensa, Agustín Rossi; el titular de Diputados, Julián Domínguez, y la jefa de la bancada del Frente para la Victoria en la Cámara baja, Juliana Di Tullio. Según publicó Página 12, el gobernador Urribarri, calificó al allanamiento como “un apriete liso y llano” en el marco de “un avance de sectores de la Justicia” que “bailan al ritmo que les marcan los espacios opositores, con el fin de ensuciar la imagen de la Presidenta”. En el mismo sentido se manifestó Julián Domínguez al hablar de un “ensañamiento y persecución judicial i-nexplicable” cuyo “propósito perseguido es dañar la investidura de la Presidenta y bastardear la opinión pública”. Rossi dijo que el allanamiento a Hotesur es “inexplicable y no tiene razón de ser”, más allá de estar “asociada a una fuerte propagandización por parte de los medios de comunicación opositores”. Para el ministro de Defensa, “la acción judicial de un determinado juez” termina siendo “tapa de los dos principales medios de comunicación de la Argentina”, por lo que “es imposible que no se analice la conexión que pudiese existir con cada una de esas acciones”. El bloque de diputados del FpV denunció en un comunicado “una clara búsqueda de ensuciar la imagen de la Presidenta, sin ningún tipo de justificación más que generar una persecución que tiene como único fin hacer ruido en los medios de comunicación”. Los legisladores oficialistas acusaron a la oposición de “rebajar a la política como instrumento de decisión en materia social, tratando de imponer los intereses de los grupos económicos por sobre los del pueblo” en maniobras que “van en contramano del fortalecimiento de la democracia y de la vida de los argentinos”.