Martes 25 de noviembre de 2014
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Interés general
Finalizan las testimoniales en la causa Área Paraná
Esta semana terminan las testimoniales y el juicio entra en su tramo final. Siguen los alegatos. Este martes comparecerán tres testigos, en la continuidad de la causa por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
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Finalizarán las testimoniales en el Juzgado Federal.
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on la declaración de tres testigos, continuará este martes el juicio escrito contra ocho represores por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en la provincia de Entre Ríos. En tanto, para mañana están citadas otras tres personas a declarar ante el juez Federal Leandro Ríos. La audiencia de este martes está convocada para las 17, en un inusual horario vespertino. Como ha ocurrido a lo largo de todo el debate, las declaraciones son públicas. En la megacausa Área Paraná se investigan secuestros, torturas y homicidios contra 52 víctimas, de las cuales cinco permanecen desaparecidas: Claudio Fink, Victorio Coco Erbetta, Carlos Fernández, Juan Alberto Osuna y Pedro Sobko. En este caso, están citados a declarar policías federales y provinciales que prestaron servicios en Paraná, entre 1976 y 1983, durante la represión ilegal. Con las testimoniales previstas para esta semana finalizaría el desfile de testigos y el juicio debería pasar a la etapa de alegatos, aunque para eso habrá que esperar que la Cámara Federal de Apelaciones resuelva una serie de cuestiones que han planteado las partes en el transcurso del debate. Desde el inicio de las actuaciones, en octubre, han declarado 39 testigos, la mayoría sobrevivientes de la dictadura, y otros médicos, policías y civiles. La denominada megacausa Área Paraná concentra la mayoría de las denuncias por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Se inició primero en los tribunales militares, pero ante la falta de resultados, en 1987, la Cámara Federal de Apelaciones asumió el conocimiento del proceso. Ante la inminencia del vencimiento del plazo fijado por la ley de punto final, el tribunal citó a declarar a un grupo de militares y policías con distinto grado de responsabilidad en la represión ilegal. Sin embargo, las indagatorias quedaron sin efecto por la sanción de las leyes de obediencia debida y punto final. Así hasta que en 2003 el fiscal general Ricardo Álvarez pidió el desarchivo de la causa y en mayo de 2004, la jueza federal ad hoc Myriam Galizzi ratificó la validez de la ley que consideró “insanablemente nulas” a la obediencia debida y el punto final, y declaró la inconstitucionalidad de los indultos de Carlos Menem, abriendo el camino para la reapertura de las causas. Lo cierto es que el expediente ha tenido un camino sinuoso en estos diez años. Primero hubo una larga discusión jurídica respecto de cómo se sustanciaría el proceso, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación zanjó a favor de los represores, al permitirles escoger por el antiguo Código de Procedimientos en Materia Penal, de 1888, que prevé actuaciones escritas. Pero eso que en un principio permitió destrabar el proceso judicial e hizo que entre 2009 y 2011 sean detenidos, indagados y procesados los militares, policías, agentes penitenciarios y civiles, fue luego la herramienta de la cual se valieron los acusados para embarrar la causa mediante una sucesión de chicanas dilatorias. El juicio tiene ocho imputados: los militares José Anselmo Appelhans, Jorge Humberto Appiani, Oscar Ramón Obaid y Alberto Rivas; el policía federal Cosme Ignacio Marino Demonte; la ex carcelera Rosa Susana Bidinost, el policía provincial Carlos Horacio Zapata; y el médico civil Hugo Mario Moyano. Otros treces represores no están sentados en el banquillo de los acusados porque fallecieron o fueron separados por razones de salud. El juez de sentencia es Leandro Ríos. Los fiscales que intervienen son Mario Silva y José Ignacio Candioti. Los querellantes son Marcelo Baridón, en representación de un grupo de víctimas, al igual que Martín Uranga, Edgar Olivera y Juan Antonio Méndez; Florencia Amore y Marcelo Boeykens, en representación de Hijos Regional Paraná; y Lucía Tejera, por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. En tanto, Appiani ejerce su autodefensa; José Esteban Ostolaza y Martín Clapier defienden a Moyano; Alberto Salvatelli, a Bidinost; Guillermo Retamar, a Demonte; y José Alberto Boxler fue designado por el Ministerio Público de la Defensa, publicó El Diario.
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