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arcía coincidió con la posición del STJ de Entre Ríos en que la ley está "en plena vigencia" y que el fallo del juez sólo se aplica en ese caso en particular. El titular del juzgado federal de Paraná, luego de su determinación, ordenó la liberación de una persona que había sido detenida con cocaína en su poder. “Que un juez federal haya dictado una medida de nulidad y de inconstitucionalidad es siempre para un caso. La declaración de inconstitucionalidad en la Argentina no tiene efectos derogatorios de la norma, siempre es una declaración en cada caso puntual. Nosotros creemos que la norma esta es perfectamente constitucional, es decir, consideramos que es erróneo el fallo, pero no vamos a entrar a polemizar con un fallo de otro Juez”, aclaró el procurador. El jefe de los fiscales adelantó que va a sacar una resolución general de instrucción a todos los fiscales aclarando que la ley continúa vigente. “Los procedimientos van a seguir tal cual se habían comenzado a llevar adelante con la Policía investigando y se va a seguir remitiendo a los Juzgados federales, ya sea el de Concepción del Uruguay o de Paraná, aquel material secuestrado, las actuaciones y los aprehendidos en el caso que los hubiere para el juzgamiento tal cual lo dice la Ley”, afirmó García. El procurador hizo saber que la comunidad encontró cierto “alivio” cuando se habló de la puesta en marcha de la Ley de Narcomenudeo. “Miles de chicos, que iban a consumir en los kiosquitos, y de pronto los padres se encontraban con que no había un margen donde poder decir detengan a esta gente por favor, que le dejen de vender a mis hijos, hoy lo encontraron”. “El gran problema que ve el ciudadano todos los días, es el problema del kiosco. Entonces, esta agilidad que tiene la justicia provincial de estar inmediatamente con un sistema como el nuestro, de estar sobre el caso, sin estos procedimientos que se llaman Estados de Sospecha, que son procedimientos que se hacen para el gran tráfico, llevaba a que fuera oportuno esta necesidad de trabajar mancomunadamente. Y fundamentalmente frenar, el efecto disuasivo inmediato es la efectividad del procedimiento”, explicó el fiscal. “Entonces, si abren un kiosco, como se decía que van a abrir en otros lados, pero bueno, le volteamos el de al lado y si van a abrir en la esquina, le volteamos el de la esquina. Estos son negocios y si se le secuestra la droga y a esa droga tienen que pagarla sin haberla vendido, esto es un problema muy serio, entonces hay que parar el negocio”, remarcó el funcionario judicial. Finalmente, García calificó de “erróneo” el fallo del juez Ríos y consideró que los procedimientos de la ley de narcomenudeo “son absolutamente legítimos y que no afectan ninguna garantía constitucional. Estamos convencidos de que esto es legítimo y vamos a seguir aplicándolo con todo énfasis”, culminó el letrado. Magistrados y funcionarios judiciales a favor de la ley El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial e integrante de la Cámara de Casación Penal de Paraná, doctor Rubén Chaia, defendió la vigencia y legalidad de la ley 10.329. “Hay homicidios, robos seguidos de muerte, y toda clase de delitos que se generan por narcotráfico; Y a la gente común que convive con esto no le interesa el fuero específico”, apuntó. “Esta ley no se debe analizar desde el marco de facultades excluyentes. Hay homicidios, robos seguidos de muerte, y muchos delitos que se generan por narcotráfico, y que la Justicia debe investigar, esto es, llegar a un esclarecimiento. Entonces, con una raíz común, no podemos dividir tan excluyentemente las competencias. En la práctica, todo esto confluye, porque el ciudadano convive con los dos fueros. Y a la gente común, no le interesa el fuero específico”, agregó Chaia. Para el magistrado “esta fue la colaboración que la Justicia provincial entendió que debía hacer. Evidentemente, esto no fue interpretado así por la Justicia Federal”, se lamentó. Otro aspecto que destacó el magistrado, fue la magnitud de causas y territorio que debe ser cubierto por dos juzgados federales en la provincia. “Dos jueces federales para 1.3 millones de entrerrianos, son muy pocos. De hecho, todos los procedimientos que se puedan llegar a hacer, son siempre insuficientes”, reseñó, destacando también que en este orden de cosas “tampoco es suficiente la cantidad de efectivos federales” que pudieran auxiliar a la Justicia Federal en los procedimientos que pudieran llevarse a cabo. En coincidencia con el jefe de los fiscales Jorge García, el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Entre Ríos remarcó la "plena vigencia de la ley" en el territorio provincial: “este es un solo precedente de un juez de primera instancia. La ley no puede ser derogada por la declaración de inconstitucionalidad en un caso concreto. Una ley se deroga por una ley posterior que la deje sin efecto”. “Acá, debemos tener como norte la convivencia de los dos fueros, no su colisión. Por eso entendimos que se debía trabajar en conjunto. Teníamos que ponerle el hombro a la situación, en definitiva, al vecino”, finalizó. "Frenar a los que venden drogas" Por su parte el ministro de Gobierno, Adán Bahl, precisó que “el compromiso de avanzar en la instrumentación de estas políticas de Estado planteadas en nuestra provincia está más firme que nunca. Tenemos que seguir fortaleciendo esta lucha sin tregua que llevamos adelante contra el narcotráfico”. Afirmó que “la sociedad espera respuestas claras y efectivas para frenar la droga que pone en riesgo la vida de nuestros gurises e instala la violencia en nuestros barrios”. También compartió y recordó el concepto expresado por Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con motivo de la apertura del año judicial en el pasado mes de marzo: “No tenemos que discutir sobre estos temas, tenemos que ponernos de acuerdo en algunas cuestiones básicas e implementarlas”. “La decisión de un Juez Federal de primera instancia, no menguará la determinación de los tres poderes del Estado entrerriano que proporcionan una acción efectiva, que consolida una política de Estado pensada, razonada clara y contundente para combatir el flagelo de las drogas”, afirmó Bahl.