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a tropa oficialista en la Cámara de Diputados logró convertir en ley, con 130 votos a favor y 99 en contra, la reforma integral del Código Procesal Penal, tras una sesión maratónica donde no contó con apoyo de ningún bloque opositor. El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo fue aprobado al cabo de más de diez horas de debate y constituye el segundo Código reformado de la era kirchnerista, junto con el Civil y Comercial unificado. El Frente para la Victoria consiguió los 129 diputados luego de que Carlos Raimundi y Gastón Harispe llegaran tarde. Entre las ausencias figuraron las de Martín Insaurralde, Carlos “Cuto” Moreno, Dulce Granados y Sandra Mendoza. La UCR, el Frente Renovador, el Pro y el resto de las bancadas opositoras repitieron argumentos y aseguraron que el Gobierno busca “impunidad” con el nuevo Código de procedimientos penales. Además hubo dos abstenciones, de Martín Lousteau y Carla Carrizo (Suma+Unen). Alejandra Gils Carbó, la procuradora general de la Nación, fue el blanco de las críticas por un supuesto manejo “discrecional” sobre los fiscales, luego de haber impulsado el jury contra José María Campagnoli por investigar al empresario Lázaro Báez, entre otros casos cuestionados. Salvo el Frente de Izquierda, toda la oposición compartió el objetivo principal de reemplazar el actual sistema inquisitivo por uno acusatorio, pero no fue suficiente para que acompañaran al oficialismo en general. Los dardos también apuntaron al Anexo II de la ley, que autoriza de manera inmediata la designación de aproximadamente 1.700 cargos sin concurso previo en el Ministerio Público. Pero sin mayores sobresaltos, el oficialismo centró su defensa en las bondades de la flamante ley, que permitirá mayor celeridad, oralidad y simpleza de los trámites judiciales. Posiciones Como miembro informante del oficialismo, Graciela Giannettasio aseguró que el actual sistema “no cumple eficazmente sus funciones”, “se encuentra colapsado, no sirve al Estado ni al ciudadano, no favorece la persecución de los delitos ni el respeto por los derechos fundamentales”. La presidenta de la Comisión de Justicia afirmó que el sistema inquisitivo impone el “peor proceso de revictimización: no saber nunca qué pasa con la investigación; no saber cuándo va a terminar el proceso; no participar de la investigación; no tener oralidad; que es vivir degradado y no tener justicia”. En cambio, según consignó Parlamentario, la diputada peronista afirmó que el nuevo paradigma pone a la víctima “en el centro de la escena; no la pone en distintos niveles, pone a cada uno con garantía”. Además destacó que “utiliza de manera rigurosa el esquema de libertad, garantía y la vigencia de los tratados internacionales”. La presidenta del bloque de diputados del oficialismo, Juliana Di Tullio, aseguró que el actual código "no le sirve a nadie sólo a una docena de jueces que tiene todo el poder en sus manos y a los argentinos y argentinas". En su discurso, la jefa del bloque oficialista cuestionó a la oposición que "se pone en el lugar de defensa de las corporaciones" cuando todos los partidos políticos "vienen reclamando desde la restauración democrática el cambio de este código". “Ustedes creen que los únicos actos de corrupción los comete la política y lo repiten, y les recuerdo que en el caso de las cuentas no declaradas en Suiza sacando empresarios poderosos hay sólo un personaje de la política" que es de un partido político "que se la pasa denunciando corrupción", en alusión a un dirigente de la Coalición Cívica. Previamente, el jefe del bloque radical, Mario Negri, justificó el rechazo al proyecto promovido desde el oficialismo porque "se debe hacer en conjunto con una ley de Ministerio Público y juicio por jurados" y dijo que el objetivo de esta ley "es aumentar el poder" de la Procuración General de la Nación. Por el FAP, el socialista Juan Carlos Zabalza consideró “fundamental modificar los mecanismos y los criterios de selección para la incorporación de personal, que aseguren la transparencia y la independencia” del Ministerio Público. Claudio Lozano (Unidad Popular) acusó al oficialismo de “convocar a un debate académico para meter una fuerza operativa que garantice impunidad”.