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a presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Claudia Mizawak, refirió a los temas que se destacaron en la agenda del Poder Judicial en 2014. Además del millonario plan de obras que se emprenderá a partir del 1º de enero, y comprende la relocalización de organismos y el reordenamiento del edificio de Paraná, destacó la implementación del Plan de regularización de la planta de personal del Poder Judicial que por primera vez se realizará de manera centralizada, gracias a un diseño del sistema de oposición, realizado de acuerdo a las pautas establecidas por la Comisión Ampliada que lleva adelante el plan. Sin embargo, la implementación del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) en la jurisdicción Paraná, completando la puesta en funcionamiento en todo el territorio provincial que se inició en 2009, y la polémica en torno a la denominada Ley de Narcomenudeo, también estuvieron entre los temas que dejó un año judicial que se destacó por hechos que trascenderán en el tiempo. La declaración de inconstitucionales de tres artículos de la Ley provincial contra el narcomenudeo por parte de dos jueces federales de la provincia generó una polémica que aún está latente. Al respecto, Mizawak sostuvo: “No me voy a expedir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad, porque pertenezco a un Tribunal Superior que es la interpretación última de cualquier norma provincial. Acá, los jueces federales entendieron que esta adhesión parcial que hizo la legislatura entrerriana conculca o viola normas de la Constitución Nacional. Sobre eso no quisiera avanzar porque como magistrada de un Tribunal Superior, no descarto que en alguna oportunidad tenga que intervenir y opinar al respecto” introdujo la magistrada y añadió: “Sí, claramente entiendo que todas las leyes, ésta de la legislatura provincial, la nacional de desfederalización que precedió a ésta, corresponden a un contexto político y social determinado”. “Cuando hace diez años salió la Ley de Desfederalización se entendió que a las provincias había que dotarlas de determinadas herramientas y que había que transferirles esta competencia porque en realidad la Nación no tenía la forma de llegar y gestionar esta temática, de narcomenudeo o microtráfico”, explicó. En este sentido entendió que “la concepción es absolutamente correcta, porque en la provincia hay dos jueces federales, uno para la costa del Uruguay y otro para la del Paraná ¿De qué Policía Federal estamos hablando en Entre Ríos? De ninguna. Alguna delegación de Gendarmería muy chiquita en alguna posición de la provincia y nada más, eso es lo que tenemos en la provincia como fuerza de seguridad para la investigación y represión de la Justicia Federal, cuando nosotros en el territorio tenemos muy buenos recursos en cuanto a la Policía provincial, tenemos una muy buena Policía, no sólo con gente capacitada sino con gente honesta, una Policía provincial que nos enorgullece, puede haber excepciones y hechos, pero en general es una Policía que está organizada y responde en función judicial al Poder Judicial y con la que se trabaja bien”. Tras expresar su opinión respecto de la Policía de Entre Ríos, Mizawak agregó: “Siempre digo que a veces se habla desde Buenos Aires o de otros lados sin conocer las realidades, porque no sé si diría lo mismo de la provincia de Buenos Aires o de Santa Fe, pero de Entre Ríos sí puedo decirlo” y evaluó: “Entonces, aprovechando esto que tenemos, ¿por qué razón no vamos a hacer lo que veníamos haciendo de un modo más estructurado? Nosotros ya lo veníamos haciendo a estos procedimientos desde la Justicia provincial desde hace años, antes de la Ley de Narcomenudeo. Pasa que ahora, estructurado de esta manera que preveía la Ley, iba a conllevar una lucha más activa, una participación más importante de la Justicia Federal, es decir que todo requiere más trabajo, una dinámica más distinta”. Y se preguntó: “¿No sé si a lo mejor esta fue la razón que ahuyentó a algunos? Porque sin dudas esto requería una dinámica más distinta. Acá en la Justicia provincial, todos los delitos que vemos, homicidios, robos y demás, todos están atravesados en alguna parte de la comisión del hecho, antes o después, por la droga. Y nosotros no queremos ser otra Rosario, esto está claro; el poder político ha tomado la decisión, desde el Poder Judicial se comparte esta decisión, de mancomunarnos, cooperar institucionalmente y dar la lucha a un problema que va a ser un flagelo, que ya lo es, y si se agrava no vamos a tener retorno”. Orgullo La presidente del Alto Cuerpo refirió una situación que puso en perspectiva el cuerpo de normas penales entrerriano. En este sentido precisó a El Diario: “Me llena de orgullo que cuando se debatió el Nuevo Código Procesal Penal de la Nación en la Cámara de Diputados, no en la de Senadores que sabíamos que nos iban a citar, fue una gran sorpresa que diputados que no eran de nuestra provincia, además de los entrerrianos, hicieron mención al sistema de enjuiciamiento penal de Entre Ríos, a las cifras de procesados y condenados, y de penados que existen en los centros de alojamientos de Entre Ríos, que es la inversa al resto de la jurisdicciones; a la oralidad en la primera etapa penal preparatoria; esto no es en todo el país”, publicó El Diario. Mizawak explicó que en Entre Ríos: “El desafío que emprendimos es cambiar el modo de gestionar los conflictos en sede penal, no fue cambiar el Código. Podemos tener esta letra o esta otra, pero si no cambiamos el modo de gestionar los conflictos… el Código es una herramienta”. La magistrada opinó: “Creo que esto es lo que no se entiende en la Nación, esa es a mi parecer la mayor resistencia que van a oponer los jueces Federales, que ahora están buscando un pretexto. Que sea la doctora (Alejandra) Gils Carbó la Procuradora General y que vaya a incrementar el número de fiscales, es una consecuencia lógica y natural del nuevo sistema. Pareciera que este fuera el obstáculo fundamental del nuevo sistema, en realidad es que ellos no se quieren desprender de poder, esta es la verdadera razón. Acá en Entre Ríos también el poder, en términos del proceso, mutó, pasó a tener más poder el Procurador General, ésta es una consecuencia lógica y natural del nuevo sistema, y a nosotros no nos han visto decir nada al respecto”.