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e la redacción de INFORME DIGITAL El Colegio de Abogados de Entre Ríos (CAER) salió a respaldar al ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Fayt, quien está en el ojo de la tormenta desde algunas semanas cuando el oficialismo decidió impulsar una investigación psicofísica para determinar si está en condiciones de continuar en la Corte. El planteo es impulsado por legisladores oficialistas, por pedido del Poder Ejecutivo, en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación. Este lunes el Colegio de Abogados de Entre Ríos se sumó a las voces en respaldo del veterano juez del máximo tribunal de justicia del país, al adherir al documento de la Federación Argentina de Colegios de Abogados titulado "El respeto y el decoro también fortalecen a la República”. En el documento se destaca la trayectoria de Fayt y su aporte al derecho y la justicia del país. Lo definen como “uno de los hombres que más ha contribuido a jerarquizar el Derecho y la Justicia en nuestro país, reconocido internacionalmente y que ha sabido ganarse ese lugar en base a una intachable capacidad y relevante solvencia moral”. Asimismo, cuestionan los intentos para destituirlo de la Corte: “el camino jurídico- institucional elegido para forzar su alejamiento, resulta a todas luces erróneo. En efecto, sin una denuncia formal de enjuiciamiento político basada en las causales previstas por nuestra Carta Magna, la Comisión de Juicio Político de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación carece de atribuciones para iniciar investigaciones preliminares tendientes a verificar si concurren los extremos necesarios para abrir un procedimiento, tal cual surge del articulo 7º del Reglamento Interno de dicha Comisión”. Acto seguido se rechaza las presiones del Ejecutivo: “sin perjuicio de ello, el Poder Ejecutivo Nacional, a través de distintos cursos de acción, muchos de ellos reñidos con elementales normas de decoro, ha iniciado un sostenido hostigamiento procurando su retiro, como si su continuidad en el cargo fuera de la causa de las dificultades que aquejan al funcionamiento del Poder Judicial en su conjunto”. Y agregan: “en ese sentido, no dudamos en rechazar todo tipo de presiones sobre personas o instituciones de la República, que nada tienen que ver con la imprescindible necesidad y generar consensos y espacios de debate que exigen la vida en democracia y el cumplimiento de postulados elementales de la Constitución Nacional”. El documento completo