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a pauta en torno del 27% que el Gobierno logró imponer en las paritarias de cinco gremios afines tendrá dificultades para extenderse al resto del movimiento obrero. Los sindicatos opositores, que convocaron a una huelga nacional para el 9 de junio con el protagonismo del transporte, advirtieron por lo pronto que no aceptarán un tope de esas características y volvieron a reclamar subas salariales por encima del 30 por ciento. El acuerdo, además, dejó en una posición incómoda a su principal aval gremial, el jefe de la CGT oficialista y de los metalúrgicos, Antonio Caló, atravesado por cuestionamientos de varios dirigentes de su organización. El número de referencia, en tanto, terminó de asentarse este miércoles entre los oficialistas afín con el acto que encabezó Cristina de Kirchner con los primeros gremios en firmar: la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Comercio, Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y el sindicato de encargados de edificios (SUTERH). En todos los casos fueron acuerdos divididos en dos cuotas no acumulativas. Según consignó Ámbito Financiero, entre los opositores tomó la palabra Pablo Moyano, hijo de Hugo y su número dos en el sindicato de Camioneros: "Es una vergüenza que la UOM haya arreglado por el 27 por ciento. Por eso, seguramente sus trabajadores van a adherir al paro", dijo el gremialista sobre la próxima medida de alcance nacional. Moyano agregó que los metalúrgicos debieron cerrar ese aumento "presionados por el Gobierno" que le puso a su paritaria "piso, techo y ventanas". Y confirmó que Camioneros exigirá una suba de al menos 33 por ciento. Con ese porcentaje en vista, la Asociación Bancaria hará un paro por 48 horas desde el martes que viene -luego del feriado del lunes- ante la falta de avances en su negociación, a pesar de no tratarse de un sindicato de corte claramente opositor. Quebrar la barrera del 30% será la bandera central que intentarán sostener los sindicatos de la CGT de Moyano y la versión "Azul y Blanca", de Luis Barrionuevo, la CTA de Pablo Micheli y 22 gremios del transporte, coaligados para la huelga de junio. El paro, para el Ejecutivo, tendrá "un claro perfil político partidario" y será de carácter "preventivo", evaluó ayer el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, al destacar que la mayor parte de las organizaciones que participará no inició sus negociaciones salariales. Al igual que la huelga del 31 de marzo, este diario había explicado que la protesta pautada para el 9 de junio tiene como principales vectores una advertencia a los candidatos presidenciales acerca de quiénes serán los referentes del movimiento obrero en el próximo Gobierno, y también la propia interna de la CGT frente a su eventual reunificación. Los aliados del Gobierno, en tanto, tuvieron su caricia política este miércoles al compartir un almuerzo con la jefa de Estado. Estuvieron Antonio Caló (UOM) y Armando Cavalieri (Comercio). También fueron Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN) y Víctor Santa María, junto a los empresarios Carlos de la Vega, Osvaldo Cornide (ambos mercantiles) y Juan Chediack (Cámara Argentina de la Construcción). Para el líder metalúrgico, sin embargo, el clima no fue tan distendido dentro de la UOM. El cierre de la negociación causó malestar en dirigentes de seccionales fuertes del gremio, como La Plata, San Martín, Villa Constitución, La Matanza y Vicente López. La eliminación de la categoría inferior del convenio colectivo (operario) y el consecuente corrimiento hacia arriba de los salarios más bajos no fue suficiente para varios sindicalistas, que le reprocharon a Caló no haber obtenido un porcentaje más alto a partir de su alineamiento automático con la Casa Rosada. El acuerdo, además, generó controversia en el frente empresarial. Aunque la mayoría de las cámaras firmará en los próximos días lo mismo que primereó la principal de ellas, ADIMRA, la que nuclea a los fabricantes de autopartes (AFAC) adelantó que no hará lo propio. Sus asociados, que tampoco habían avalado a principios de año un plus de $ 2.000, dijeron que las compañías no están en condiciones de absorber el costo de la suba.