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a Cámara de Diputados buscará convertir en ley el miércoles próximo los proyectos para aplicar el nuevo Código Procesal Penal desde el primero de marzo del 2016, que introduce un cambio sustancial respecto al régimen actual al pasar del sistema inquisitorio al acusatorio, en el que los fiscales tendrán un rol central ya que deberán estar a cargo de la investigación de los delitos ocurridos en la justicia federal y nacional. Los proyectos que modifican el Código Penal referidos a las causales de suspensión del juicio a prueba, la organización y competencia de la justicia federal penal y al nuevo régimen orgánico del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, será debatidos en el marco de una sesión especial de la cámara baja prevista para el miércoles al mediodía, que se extenderá al menos hasta la medianoche. Estas iniciativas fueron avaladas el jueves pasado en dos plenarios de comisiones, uno de Justicia y Legislación Penal, conducido por la kirchnerista, Graciela Gianetassio, y la macrista Patricia Bullrich, y otro al que se sumó la comisión de Presupuesto, que conduce Roberto Feletti. El oficialismo aspira a convertir en ley las iniciativas, que ya cuentan con sanción del Senado, con el respaldo de sus propios diputados y algunos de sus tradicionales aliados, ya que la oposición adelantó en el marco del debate en comisión su rechazo a la mayoría de los dictámenes impulsados por el bloque del Frente para la Victoria. Durante el debate, la oposición –encabezada por el radicalismo- hizo hincapié en sus críticas a las reformas introducidas a la Procuración General de la Nación y presentó dictámenes de minoría propios, mientras que el PRO también centró sus objeciones a la organización de la justicia nacional, ya que allí consideró está en juego las atribuciones que se transferirán a la Ciudad de Buenos Aires. En su debate en el Senado, en cambio, los proyectos para aplicar el nuevo Código Penal fueron respaldados por la mayoría de los bloques políticos y solo generó un fuerte debate entre el oficialismo y la oposición las atribuciones que tendrá la Procuración General de la Nación, que fueron objetadas por el radicalismo. En el marco de la sesión del miércoles, el oficialismo buscará aprobar además otro proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, que busca regular el régimen de subrogaciones para los tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que también cuenta con media sanción del Senado. Se trata de una iniciativa que propone que "en casos de licencia, suspensión o vacancia de los jueces de los tribunales inferiores es atribución del plenario del Consejo de la Magistratura designar jueces subrogantes en los casos de licencia o suspensión del titular y en casos de vacancia para los tribunales inferiores de acuerdo a la normativa legal vigente". Desde el radicalismo, el diputado nacional Manuel Garrido señaló que las "disidencias centrales están vinculadas con las reformas a la Procuración" y, por eso, anticipó que ese bloque "no va a acompañar un cúmulo de atribuciones en cabeza del titular de la Procuración". En esa misma línea, el diputado de la Coalición Cívica, Pablo Javkin, también expresó su oposición a los proyectos y se quejó de que "no se haya tomado el modelo de las provincias que ya pasaron del sistema inquisitivo al acusatorio" y señaló que hubiera "sido bueno tomar el caso de Santa Fe". En tanto, por el PRO, el diputado Pablo Tonelli dijo estar "de acuerdo" con las reformas al Código Penal porque son necesarias para aplicar el nuevo régimen pero adelantó que ese bloque se opondrá a la organización de la justicia nacional porque eso, dijo, "será atribución en el futuro de la Ciudad de Buenos Aires" y cuestionó la reforma del Ministerio Público Fiscal, al sostener que la Procuración General de la Nación "tendrá atribuciones excesivas". Desde el Frente de Izquierda, por su parte, el diputado nacional Néstor Pitrola, anticipó su rechazo a los proyectos impulsados por el oficialismo, al afirmar que las iniciativas "reconocen a los trabajadores su condición de precarizados". La puesta en marcha de la nueva estructura del Ministerio Público Fiscal implicará una erogación anual de 655,5 millones de pesos y abarca una cantidad de 2.154 cargos; en tanto para el Ministerio Público de la Defensa se destinarán 211,9 millones de pesos, para otros 1.407 cargos, según precisó Feletti, en su carácter de presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la cámara baja. Por otra parte, y en la misma sesión, la cámara baja buscará convertir en ley además un proyecto que cuenta con sanción del Senado y que autoriza la salida de fuerzas militares del país y el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional en el marco del programa de ejercitaciones combinadas, desde el 1 de septiembre de 2015 al 31 de agosto de 2016.