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urante las tres horas que duró su intervención, Giorgio se centró en refutar los hechos atribuidos por la Fiscalía a los acusados, tales como la toma de la Jefatura y la liberación de Concordia para producir saqueos. La Fiscalía pide 5 a 7 años de prisión. "Ocupación parcial y temporal" de la Jefatura Con respecto al ingreso de la manifestación a la sede policial en la noche del domingo 8 de diciembre de 2013 y su permanencia allí durante más de 30 horas, aseveró que no se trató de una toma sino que fue una “ocupación parcial y temporal”. Para afirmar esto, se basó en que no se estableció un control de ingreso y egreso del edificio, sin que durante la horas en que duró el hecho, hubo entrada y salida de periodistas, políticos, religiosos, funcionarios de otras jurisdicciones, civiles, familiares. Luego, apeló a un suceso que se registró en esa jornada, referido a la llegada del Grupo de Infantería Armada (GIA) a la Jefatura a buscar elementos para reprimir los incidentes y saqueos que se producían en la ciudad. Al evaluarlo, consideró: “No puede haber una toma y permitirse el ingreso y armado del Grupo Especial, porque ese pertrecho podría haber sido para sacarlos a ellos mismos” de la Jefatura. Fiscalía había mencionado en su alegado de este jueves que todas las oficinas habían quedado fuera de operación con la toma. Pero el defensor oficial postuló: “Hubo oficinas que no estuvieron tomadas, incluso la sala de armas ¿Cómo se va a tomar la jefatura sin tomar la sala de armas?” Ruptura de cadena de mando Negó también que la Policía haya quedado incomunicada durante esas jornadas, mencionando que las líneas internas de celular funcionaron, y que se haya roto la cadena de mando. “¿Me quieren hacer creer que 17 personas tomaron el control de todo Concordia, sin disparar un solo tiro? Es absurdo decir esto”, afirmó. Y más adelante, al desestimar que la asonada haya sido sedición, precisó que es imposible que “17 perejiles se opongan al poder del Estado. La sedición tiene que tener idoneidad para oponerse a la fuerza del gobierno”, aseveró, al tiempo que mostraba en la pantalla imágenes de la revuelta carapintada de Semana Santa. Luego señaló “incongruencias” en la acusación que hizo Fiscalía, dado que hay “partícipes que no fueron imputados y que, incluso, fueron aceptados como testigos, algunos declararon y de otros se desistió”. Apuntó en este sentido al argumento esgrimido ayer por la acusación, que reconoció que no todos los responsables de aquellos acontecimientos están sentados en el banquillo de los acusados ahora y que puede realizarse, más adelante, un segundo juicio para juzgar la actitud de estas personas. A todo esto, sumó que los acusados no estaban en conocimiento de que el accionar que realizaban haya sido una conducta delictiva, dado que nadie les dijo que estaban delinquiendo y que, incluso, los cuatro abogados que estuvieron juntos a ellos durante toda la noche les indicaron que no estaban incurriendo en sedición. Por otra parte, consigna APF Digital, entendió que no hubo intimación para cesar en la acción, como marca el código el Código Penal al tipificar la sedición y el procedimiento ante ella, y dijo que debía existir una “ intimación, no comentarios; son policías, no un jardín de infantes”. La referencia fue por el argumento de la Fiscalía, que ayer sostuvo que la sola presencia de funcionarios públicos intentando negociar era un llamado para el cese de las acciones y el regreso al trabajo. Fallas en la acusación Luego, citó doctrina que menciona que, sin doble intimación tal y como marca el Código, no puede haber acusación ni condena. “No basta llevarla consigo al arma (simple portación) para que constituya uso (que consiste en utilizarla) u ostentación (exhibirla)”, describió. Giorgio consideró “atípica e imprecisa” la acusación de que hubo instigación al “liberar” la ciudad para cometer saqueos. Alegó que Fiscalía no identificó medios ni modos en que se produjo, lo que vulnera el derecho a defensa también, dado que el defensor no tiene elementos para rebatir. “No se sabe qué delito se instigó ni a quién. A la persona instigada, el instigador tiene que infundirle el dolo. Al no saber a quién se instigó, el acusado no puede defenderse de la acusación”, graficó. Por último, negó que al Jefe Departamental Lucio Villalba se lo haya privado de su libertad, dado que podía salir a la calle por la residencia oficial y su asistente controlaba el ingreso y egreso del despacho donde se había refugiado luego de la irrupción de la marcha. Y también dijo que Carlos Zaragoza, por quien la Fiscalía pidió siete años dado que se le imputan también lesiones contra el comisario Ariel Silva, actuó “en defensa propia”, porque Silva lo había agredido primero aseveró. Por la tarde continuará el alegato de la defensa. Será el turno de Juan José Bukténica. Los otros tres defensores, Gonzalo Cantallops; Oscar Bacigalupe y Edelmiro Díaz Vélez, expondrán el martes de la próxima semana a partir de las 15.