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e desarrollaron en Concordia las Audiencias Nº 53 y 54 del Juicio a los policías acuartelados en diciembre de 2013. Los abogados Cantallops, Bacigaluppe y Díaz Vélez, defensores de los imputados, desarrollaron sus alegatos finales complementando los ya desarrollados por la querella y el defensor público. Con esto, el Tribunal dio por concluido el debate y dispuso que el anticipo del veredicto se hará miércoles 8 de julio a las 8.30 horas en la Sala de Audiencias del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia. Alegatos de defensa Cantallops comenzó su alegato sosteniendo que el ingreso a Jefatura fue "la reacción a una acción que tenía como objetivo tener la excusa de solamente aumentar los sueldos a la policía". El letrado señaló que "para ello se necesitó de la intervención de empresarios y de la iglesia, y que el Acta Acuerdo le permitió al Gobernador sostener la gobernabilidad de la provincia y descomprimir la situación desde diciembre de 2013 hasta marzo de 2014". Culminó su intervención pidiendo una sentencia imparcial y solicitando la absolución de su defendido ya que una sentencia condenatoria "degradaría el servicio de justicia". A su turno, Bacigaluppe hizo reserva de la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y advirtió que "se deben comprobar los hechos de manera acabada y no estamos en presencia de hechos comprobados". Por lo tanto, alegó, "no se puede condenar en los términos que lo pretende la fiscalía". El jurista agregó que "la causa tiene un origen cuestionable o dudoso", repasó numerosos testimonios y contradicciones que dan cuanta de la falta de seriedad de los mismos, y cuestionó pruebas, videos y filmaciones, según el comunicado judicial enviado a INFORME DIGITAL. Él también finalizó solicitando la absolución de sus defendidos. Díaz Vélez, en tanto, focalizó en que no es una causa penal, donde se hayan investigado delitos, sino que se trata del derecho de un reclamo salarial. Aseguró que los policías "son acusados de sedición porque era la única forma que tenía el poder político de no responder a lo firmado", y afirmó que se está en medio de una "causa política" donde la investigación "ha sido dirigida con el fin obtener una sentencia condenatoria". Díaz Vélez se sumó al pedido de absolución de todos los defendidos y adelantó que en el supuesto caso de que el Tribunal resuelva que no corresponde la misma, pedirá la nulidad de todo el debate, ya que en su oportunidad solicitó que se suspendiera la derivación de la causa a juicio.