E

l fiscal general de la provincia de Entre Ríos, Jorge García, defendió este jueves las condenas dictadas contra 15 policías por el motín policial de diciembre de 2013 y calificó esos hechos como "un delito muy grave contra el orden constitucional provincial". El funcionario recordó que en diciembre de 2013 sucedió en esa provincia "un acuartelamiento de las fuerzas policiales que exigían a las autoridades legítimas de los estados provinciales un aumento salarial generalizado", consignó La Nación. García, que llevó adelante la demanda penal contra los uniformados, definió al motín como "una acción extorsiva y de quebrantamiento de los deberes" de los funcionarios policiales, y recordó que, entre la noche del 8 y la madrugada del 9 de diciembre, "en Concordia se tomó la jefatura de la fuerza, se privó de la libertad a los jefes y se sometió a la población a un estado de no custodia que llevó a que haya saqueos generalizados de electrodomésticos y supermercados". La justicia entrerriana impuso condenas de tres a cuatro años de prisión a 15 policías por el delito de "sedición agravada", en el marco de la rebelión policial ocurrida en diciembre de 2013 por el reclamo de aumentos salariales. Los jueces establecieron condenas de prisión efectiva de cuatro años y seis meses al oficial Carlos Zaragoza y los suboficiales José María Biderbos y Leandro Coutinho. La pena de cuatro años de prisión se estableció para los imputados Juan Manuel Rosas, Daniel Chávez, Diego Diferding, Juan Pedro Lacuadra, Alfredo Imaz y Luis Gómez. Para los imputados Luis Carlino, José Troncoso, Hugo Troncoso, Andrés Paredes, Carlos Paredes y Luis Paredes, Carlos Rozas y Romero Valdes el Tribunal les impuso una condena de tres años y seis meses de reclusión.