E

l intendente de Chajarí, José Luis Panozzo, presentó documentación a la Justicia que respaldaría la venta legal de terrenos del Parque Termal. La presentación es ante las denuncias que formularon concejales de la oposición que a fines de julio señalaron que hubo lotes que fueron vendidos a “familiares y testaferros de funcionarios municipales”. Gabriela Mabel Lena (UCR-Cambiemos), José Antonio Fochesatto (UCR-Cambiemos), Rubén Alberto Dal Molín (UCR-Cambiemos), y Avelino Esteban Pezzini (FEF) fueron los ediles que el 28 de julio pasado denunciaron una supuesta venta ilegal, a precios irrisorios, de terrenos municipales a particulares que tendrían un estrecho vínculo con las autoridades y funcionarios del Poder Ejecutivo y legislativo local. Este jueves, Panozzo se presentó con su abogado ante el fiscal que está a cargo de la investigación, Maximiliano Larocca Rees. Según consignó Tal Cual Chajarí, el jefe comunal concurrió espontáneamente a la fiscalía donde presentó documentación sobre “el encuadramiento jurídico de las ventas y contrataciones municipales y detalle de operaciones realizadas”. Con la presentación, Panozzo requiere dejar “demostrado con documental respaldatoria suficiente, y además prueba ofrecida, la licitud y legalidad de todos los actos administrativos desarrollados por el Departamento Ejecutivo del Municipio de Chajarí, relativo a las ventas de lotes/terrenos correspondientes al Parque Termal de esta ciudad”. En este sentido hace referencia al período diciembre 2013 a marzo 2014. Luego el mismo se desarrolla en cuatro capítulos y una conclusión con el petitorio correspondiente y en la que se explica, con documental anexa, el desarrollo de las ventas vinculadas al litigio judicial. En el sexto párrafo de la conclusión dice “evidentemente, la denuncia penal efectuada por Gabriela Mabel Lena en pleno proceso eleccionario, inventando ilegalidades, arbitrariedades y omisiones jurídicas de este Departamento Ejecutivo Municipal, una semana antes de las elecciones PASO, tiene un claro contenido político, habiendo producido un grave daño a las instituciones municipales independientemente del fraude procesal pretendido provocar”. Además en el escrito va más allá y dice “las medidas cautelares dispuestas en autos, por inexistentes irregularidades en las contrataciones, carecen de razón de ser, y sus consecuencias económicas deberán ser asumidas por los responsables de tales actos, por cuanto probablemente, los adjudicatarios de las ventas directas reclamen los daños y perjuicios que tal medida cautelar les cause, y que este D.E.M. no es responsable”.