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l juez federal de Paraná, Leandro Ríos, dispuso este viernes la falta de mérito para los médicos civiles David Vainstub y Jorge Rossi, acusados de intervenir en los delitos de robo de bebés y sustitución de identidad durante la última dictadura. El magistrado consideró que no hay pruebas suficientes para procesar o para sobreseer a los imputados, a pesar de que la Cámara Federal de Apelaciones le había recomendado investigar a ambos profesionales. Se descuenta que la Fiscalía y las querellas que intervienen en la causa apelarán la medida, sobre todo teniendo en cuenta que hace poco más de una semana habían instado al procesamiento de ambos médicos, en calidad de partícipes secundarios de los delitos investigados. En esta causa se encuentra procesado el médico Miguel Torreladay, quien en un primer momento también se había beneficiado con la falta de mérito decretada por Ríos, pero luego la Cámara revocó ese fallo y dispuso el procesamiento de quien oficiaba de jefe de la sala de Neonatología del Instituto Privado de Pediatría (IPP) al momento de los hechos. En esa resolución, el tribunal de alzada había recomendado investigar la responsabilidad de los socios de Torrealday: Vainstub y Rossi. En marzo de 1978, en plena dictadura cívico-militar, Sabrina Gullino Valenzuela Negro y su hermano mellizo estuvieron internados en el IPP luego de haber nacido en el Hospital Militar de Paraná. Sus padres, los militantes montoneros Raquel Negro y Tulio Valenzuela, permanecen desaparecidos. En la clínica de calle España de Paraná la niña fue registrada con el nombre falso de Soledad López y el niño como NN López. Ambos fueron dados de alta el 27 de marzo de aquel año. La niña restituyó su identidad en 2008, mientras que el niño continúa desaparecido. Fundamentos Según se conoció, en una resolución de 50 páginas, el juez dedicó dos carillas y media a los fundamentos de la falta de mérito. El resto es mayoritariamente un relato de los hechos. Para Ríos las pruebas acercadas por las partes acusatorias no son suficientes para procesar a Rossi y Vainstub, por lo cual concluye por dar mayor validez a la versión quienes estaban impuados que a la palabra de los testigos. Al analizar los testimonios de las enfermeras del IPP, considera que no son convincentes para demostrar responsabilidad de los acusados en la actual etapa del proceso. Por el contrario, sí tuvo en cuenta las explicaciones de los médicos, basadas en su supuesto desconocimiento de lo sucedido por cuanto la clínica era de "puertas abiertas" y cualquier pediatra ajeno a la institución podía internar allí a sus pacientes sin informar a los dueños sobre lo que hacía con ellos. Hay que recordar que en oportunidad de revocar la falta de mérito de Torrealday y procesarlo, la Cámara había cuestionado ese argumento defensivo. “No reviste relevancia el hecho de que los médicos de cabecera o médicos tratantes fueran los responsables del tratamiento de los pacientes y que el IPP fuera una institución abierta donde cualquier profesional de la salud podía internar sus pacientes. Si se tiene en cuenta que hasta el mero encargado de una guardería asume obligaciones y responsabilidades respecto de los menores que recibe para su guarda, las explicaciones de Torrealday no pueden ser de recibo”, dice el voto del camarista Daniel Alonso en aquel fallo. Agrega que los responsables de las instituciones sanitarias, ya sean públicas o privadas, “son los garantes de esos seres humanos indefensos (por los bebés) y lo mínimo que se espera de ellos es que actúen los controles indispensables para evitar hechos como el que se encuentra investigado en autos”. En esa resolución de junio de este año el tribunal también había recomendado investigar la posible responsabilidad de Vainstub y Rossi. Descontento Como es lógico, la noticia de la falta de mérito no fue bien recibida por fiscales y querellantes, quienes recientemente habían solicitado a Ríos el procesamiento de los socios del IPP. Los abogados representantes de los hijos de Raquel Negro, la agrupación H.I.J.O.S. Regional Paraná, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y Abuelas de Plaza de Mayo considearon que los socios "poseían la información y el conocimiento tanto de las necesidades operativas del servicio como del ingreso de dinero derivado de la prestación. Lo que supone también el conocimiento de la totalidad de pacientes que se encontraban internados”, sostuvieron. Además precisaron cuáles son los testimonios de enfermeras que contradicen el argumento del desconocimiento, además de lo revelado por Sabrina Gullino en su declaración testimonial acerca de una charla que mantuvo con los médicos, publicó Uno.