L

a Policía Federal allanó el rectorado de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y un anexo donde funciona la Oficina de Vinculación Tecnológica (Vintec), en Concepción del Uruguay, por la investigación sobre la triangulación en la compra y mantenimiento de al menos siete autos por parte de la casa de estudios para el Ministerio de Salud de la Nación. Desde la gestión de la Universidad minimizaron el hecho y atribuyeron la denuncia a una "operación mediática a la interna de la Universidad" y a "una presión de un decano con aspiraciones" a conducir la UNER. A las versiones que desprestigian la denuncia se sumaron el Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y su equipo de gestión, quienes afirmaron que "en ningún momento se participó de denuncia alguna". La casa de estudios agrarios era una de las unidades académicas señaladas como originarias de las denuncias. Sin embargo, un comunicado firmado por sus más altas autoridades de la Facultad de Ciencias Agropecuarias al que accedió INFORME DIGITAL asegura,"ante versiones periodísticas difundidas", que "en ningún momento se participo de denuncia alguna, ni acción periodística que comprometa a la universidad, con quien ratificamos nuestra pertenencia y compromiso permanente". A su vez, el documento académico entiende "que en la UNER existen suficientes órganos establecidos por el Estatuto Universitario en el que democráticamente se debaten todas las acciones". La conducción de Agronomía subrayó que "no aceptamos y desconocemos los dichos donde se pretende involucrar a las autoridades de la F.C.A. utilizando este tipo de denuncias para diferenciarse de la actual gestión de la UNER". Al respecto, agregan: "de la cual somos parte y trabajaremos hasta culminar el mandato que nos han dado las bases, construyendo una Universidad comprometida con la sociedad y el desarrollo regional". La denuncia En octubre de 2011, la UNER firmó un convenio marco de cooperación con el Ministerio de Salud de la Nación. El cumplimiento de ese y otros convenios que le siguieron con la cartera sanitaria le reportó a la universidad alrededor de 37 millones de pesos, hasta el 10 de diciembre de 2015. La sospecha, que no menciona a ningún funcionario ni agente de la universidad, es que desde el Ministerio de Salud de la Nación ingresaron fondos a la UNER, por intermedio de la Vintec, y que con esas comisiones se adquirieron los siete vehículos en cuestión. Los automotores fueron registrados a nombre de la universidad e inscriptos en el Registro de la Propiedad del Automotor Número 1 de Concepción del Uruguay, pero nunca fueron utilizados por dependencias de la academia, salvo dos de ellos que en los últimos días aparecieron en el Rectorado. En cambio, el rector habría concedido autorizaciones a personas que no son empleados de la universidad autorizándolos a conducirlos. El rector de la UNER Jorge Gerard reconoció en una conferencia de prensa que “la universidad, a solicitud del Ministerio de Salud, realizó compras de vehículos en dos oportunidades” pero aseguró que “los procedimientos son transparentes”. Una fuente de la alta casa de estudios dijo a INFORME DIGITAL que el asunto "es una presión con claro tinte político, no considerando los daños que institucionalmente provocan en la UNER, sólo lo hacen por avaricia personal de un decano con aspiraciones”.